La Patagonia atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años por los incendios forestales, con miles de hectáreas de bosques nativos destruidas, viviendas arrasadas y poblaciones enteras bajo amenaza. En ese escenario, el Presupuesto 2026 confirma un nuevo golpe al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF): el Gobierno nacional reduce de manera drástica los recursos destinados a prevenir y combatir las llamas.
Según la ley de gastos enviada por la gestión de Javier Milei, el SNMF contará en 2026 con $20.131 millones. Organizaciones ambientalistas advierten que esa cifra representa una caída real del 69% frente a 2023 y del 78,5% en comparación con 2025, un recorte que se da mientras los incendios avanzan sobre zonas como Epuyén, El Hoyo y otras áreas de Chubut, además de focos activos en Santa Cruz y Río Negro.
El ajuste no se limita a lo proyectado para el año próximo. Las entidades también alertan por la subejecución sostenida de partidas. Durante 2024, el Gobierno nacional utilizó apenas el 22% del presupuesto asignado al SNMF, pese a que fue el período con mayor cantidad de incendios desde 2016. La misma lógica se repite en 2025: quedó sin ejecutar el 25% de los recursos disponibles.
“En 2025, la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas”, señalaron en un comunicado conjunto organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Observatorio Petrolero Sur, Abogados Ambientalistas y Greenpeace.
El recorte también se refleja en las metas operativas. Para 2026, el Estado prevé menos horas de vuelo para el combate aéreo del fuego: de las 5.100 horas programadas en 2023 —de las cuales solo se ejecutaron 3.058— se pasará a 3.100. A eso se suma una reducción en los sistemas de prevención: los informes de alerta temprana y evaluación de riesgo caerán de 2.310 previstos en 2025 a apenas 1.850 el año próximo, herramientas clave para anticiparse a los focos ígneos.
En paralelo al ajuste presupuestario, el Gobierno avanza con cambios normativos que generan alarma en el ambientalismo. El mes pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la decisión de derogar la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020, que prohíbe durante décadas la modificación del uso de tierras incendiadas para evitar negocios inmobiliarios o productivos tras los siniestros. La iniciativa ya cuenta con proyectos presentados por legisladores libertarios.
La reacción no tardó en llegar. Máximo Kirchner, autor de la norma, pidió al Presidente que dé marcha atrás. “La única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy. Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos”, advirtió.
Brigadistas al límite y salarios de pobreza
Mientras el fuego avanza, quienes lo enfrentan denuncian condiciones laborales cada vez más precarias. Desde Lago Menéndez, en Chubut, brigadistas de distintos Parques Nacionales difundieron un reclamo público dirigido al Ejecutivo nacional, en el que exigen mejoras salariales y estabilidad laboral.
“Nuestra situación es precaria y no tiene resolución hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente”, afirmó en un video el brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, Fabian Lagos.
Los trabajadores de Parques Nacionales cobran entre 650.000 y 850.000 pesos mensuales, ingresos que quedan por debajo del costo de la canasta básica en la región. El Gobierno decidió no reabrir paritarias desde 2022 y, además, excluyó al sector de las negociaciones salariales en 2024, lo que profundizó la pérdida de poder adquisitivo.
En este contexto, diputados patagónicos de Unión por la Patria impulsan un proyecto para declarar la emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica en la región y otorgar un reconocimiento extraordinario a brigadistas y trabajadores afectados por un plazo mínimo de 180 días, en función del riesgo que asumen.
Mientras tanto, los incendios continúan fuera de control en múltiples puntos de la Patagonia. La ausencia del Presidente en las zonas afectadas y su mayor exposición en redes sociales refuerzan las críticas a una gestión que, en plena emergencia ambiental, elige el ajuste y el desfinanciamiento.
About Author
Te puede interesar también...
-
La violencia como modo: uno de cada seis tuits de Milei son insultos
-
¿Vivan los novios? Los planes de Trump y el chavismo para Venezuela
-
¿Y la libertad? Un jubilado lleva seis meses detenido por hacer posteos contra Milei
-
Ex autoridades macristas son imputadas por fraude al Estado en la causa Vicentin
-
La Rioja potenciará su Casa en Buenos Aires para atraer inversiones y reforzar trabajos sociales