La libertad de expresión volvió a quedar bajo sospecha tras el caso de Daniel Vera, un jubilado que vive en Chaco y permanece desde hace seis meses bajo prisión domiciliaria por una serie de publicaciones en Facebook contra el presidente Javier Milei, dirigentes oficialistas y periodistas cercanos al Gobierno. La Justicia federal lo acusa de “amenazas de muerte” y “antisemitismo”, pese a que los posteos tuvieron una circulación casi nula.
Vera explicó que el expediente judicial se apoya en contenidos que difundió en su muro personal y en un grupo pro-Palestina, donde cuestionó al Gobierno argentino y al accionar del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En una entrevista radial relató el alcance real de esas publicaciones: “Las publicaciones no tuvieron más de 10 vistas”.
En diálogo con El Destape 1070, el jubilado detalló los cargos que enfrenta y el criterio utilizado por la Justicia para avanzar en su contra. “Estoy detenido por tres posteos contra Milei que la justicia considera como amenaza de muerte. Y estoy también detenido por antisemitismo por 14 publicaciones en contra del genocidio contra el pueblo palestino”, afirmó.
Según su testimonio, parte central de la causa se sostiene en imágenes sin texto que los investigadores interpretaron como amenazas directas contra el Presidente, el diputado José Luis Espert y comunicadores alineados con el oficialismo. Vera remarcó que no existió viralización ni impacto público alguno, pero aun así el proceso avanzó con medidas de extrema dureza.
La investigación comenzó en enero del año pasado a partir de tareas de ciberpatrullaje realizadas por una brigada de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el jubilado denunció que antes del allanamiento existió un prolongado seguimiento encubierto. “La denuncia cae en manos de Lijo, que ordena el allanamiento. La policía de Buenos Aires viene a mi domicilio en Chaco el 2 de julio, pero de enero a julio estuvieron haciendo inteligencia en mi casa y en mi trabajo”, sostuvo.
El operativo incluyó el secuestro de su computadora de uso laboral y un despliegue policial que, según los partes oficiales, había detectado un supuesto arsenal. Vera desmintió esa versión y dio su propia descripción de lo incautado: “De mi casa se llevaron ‘un arsenal’ que eran 3 rifles de aire comprimido y dos pistolas de aire comprimido. Y además cuchillos de asado y cocina”.
El uso sistemático del agravio en redes y su impacto sobre el debate público
Un informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) aportó un marco clave para comprender el contexto de vigilancia digital y judicialización de expresiones en redes sociales. El estudio, titulado “El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits de Milei”, examinó la actividad del Presidente en X desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 15 de septiembre de 2025 y señaló que la agresión verbal se consolidó como un rasgo permanente de su comunicación.
De acuerdo con el relevamiento, “el informe tituló ‘El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits de Milei’ contabilizó 16.806 insultos en ese período”, lo que implica que el 15% de los mensajes difundidos por el mandatario incluyeron hostigamiento directo. FOPEA registró ataques dirigidos a 62 periodistas y comunicadores y a 14 medios de comunicación, con una recurrencia particular sobre referentes del periodismo político.
Entre los nombres más aludidos aparecen Jorge Lanata, Carlos Pagni, Jorge Fontevecchia, Hugo Alconada Mon, Alejandro Alfie, Ignacio Ortelli, Natasha Niebieskikwiat, Diego Sehinkman, Diego Leuco, Marcelo Bonelli, Luciana Geuna, Jorge Fernández Díaz y Marcelo Longobardi, entre otros.
El informe advirtió que esta modalidad comunicacional no fue circunstancial. “Milei marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de ofensas hacia quien piensa diferente”, sostuvo FOPEA. En ese sentido, precisó que “en la anatomía del mensaje se observan varios ejes discursivos. Más de la mitad contienen adjetivos despectivos hacia otras personas o grupos”, y añadió que “asimismo se detectó contenido estigmatizante como ‘ensobrado’, ‘mentiroso’ y ‘chorro’”.
El análisis detectó patrones reiterados en el lenguaje presidencial, entre ellos “la animalización, la sexualización y lo repulsivo”, con términos que buscaron deshumanizar y degradar a los destinatarios de los ataques. Además, FOPEA subrayó el efecto amplificador en redes sociales y la centralidad del ecosistema libertario en la difusión de esos mensajes.
Según el organismo, “una constante de la comunicación presidencial fue el ataque a periodistas y medios de comunicación”, al tiempo que detalló que “en el caso de los periodistas, el 70% de los tuits dirigidos a actores del campo mediático contienen términos despectivos o estigmatizantes”.
El informe cerró con una advertencia sobre las consecuencias de este clima discursivo: “Fue desde la descalificación personal hasta la deslegitimación profesional, la acusación criminal, la deshumanización, la amenaza indirecta y la incitación al ataque”. Y concluyó que “como consecuencia, la autocensura ganó terreno”, en un proceso gradual donde “no se apagan todas las voces de un día para otro, sino a modo de goteo”.
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