En una sesión extensa atravesada por el tratamiento del Presupuesto 2026, el Senado sancionó la llamada ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno que cambia de manera sustancial los criterios de fiscalización impositiva y penal. La votación terminó con 43 votos afirmativos y 26 negativos, en un escenario donde el oficialismo reunió el respaldo de bloques provinciales, la UCR, el PRO y tres senadores peronistas.
El proyecto se aprobó en paralelo a la ley de Presupuesto, que La Libertad Avanza logró convertir en norma tras casi ocho horas de debate. Aunque el peronismo expresó un rechazo mayoritario, la oposición no consiguió bloquear la iniciativa. Hubo tres ausencias dentro de ese espacio: Guillermo Andrada, Sergio Uñac y Alejandra Vigo.
La reforma propone un giro en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Sin crear un blanqueo formal explícito, introduce cambios que acotan el accionar del fisco frente a evasiones de menor escala y reducen la posibilidad de sanciones penales. En los hechos, el esquema baja el riesgo de inspecciones por incrementos patrimoniales no justificados, un punto que el Gobierno asocia con la eventual incorporación al sistema de los llamados “dólares del colchón”.
Uno de los ejes centrales es la actualización del régimen penal tributario. Los montos que determinan cuándo una infracción pasa del plano administrativo al penal quedan fijados en valores muy superiores a los vigentes desde 2017: $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para la evasión calificada. El texto prevé además que esos umbrales se ajusten cada año a partir de 2027 según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
La norma también redefine los plazos de prescripción. Para contribuyentes cumplidores, los tiempos se reducen, mientras se elimina la suspensión automática de la prescripción cuando la AFIP inicia una fiscalización. A la vez, si el organismo pierde la facultad de determinar o exigir un tributo, se extingue la acción penal asociada, lo que limita la persecución estatal en determinados casos.
Otro punto clave es la posibilidad de evitar una denuncia penal. Quienes regularicen su deuda e intereses antes de que el fisco avance judicialmente pueden cerrar el conflicto en sede administrativa, aunque ese beneficio solo puede utilizarse una vez por contribuyente.
El texto mantiene penas de prisión para maniobras consideradas graves, como la simulación de pagos con comprobantes falsos o declaraciones engañosas, pero introduce una fuerte reducción de multas administrativas. Las rebajas llegan hasta el 90% para personas humanas y pymes en situaciones específicas.
Además, la ley crea un régimen voluntario de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. Está dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonio por debajo de ciertos límites. En ese esquema, la AFIP confecciona la declaración con la información disponible y, si el contribuyente paga en término, queda liberado de la mayoría de las obligaciones formales, salvo que se detecten errores graves.
Aunque el Gobierno presenta la Inocencia Fiscal como un cambio de paradigma que otorga previsibilidad y reduce la litigiosidad, la norma también despierta cuestionamientos. Para sus críticos, el nuevo marco debilita la capacidad de control del Estado y favorece la regularización informal de activos, en un contexto donde el ajuste recae sobre el gasto público y los ingresos fiscales siguen bajo presión.
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