El Banco Central reconoció ante la Auditoría General de la Nación (AGN) que no existen contratos que respalden el envío y la colocación de los lingotes de oro fuera del país. La admisión oficial dejó expuesta una operatoria millonaria sin sustento jurídico y abrió un escenario de posible responsabilidad penal para las autoridades de la entidad monetaria.
Según la respuesta enviada por el propio organismo, durante todo 2024 no se registraron acuerdos formales vinculados al traslado del oro ni con el Banco Internacional de Pagos (BIS) ni con otros posibles depositarios del exterior. En ese marco, el Central sostuvo de manera explícita: «Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen». Incluso aclaró que no se elaboraron dictámenes legales porque, directamente, no hubo contratos que analizar.
La falta de papeles anula cualquier intento de control sobre una operación valuada en casi USD 5.000 millones. Sin documentación, la AGN no tiene elementos para auditar qué se hizo con un activo estratégico del Estado ni bajo qué condiciones salió del país. La situación adquiere gravedad institucional porque los funcionarios del Central no administran bienes propios, sino reservas públicas cuya trazabilidad resulta obligatoria.
El episodio no surge de la nada. En julio del año pasado comenzaron a circular versiones sobre el traslado nocturno de los lingotes en un vuelo comercial, sin registros visibles ni comunicaciones oficiales. Desde entonces, las respuestas del organismo se movieron entre el silencio y las evasivas, hasta que la admisión ante la AGN dejó al descubierto la inexistencia total de respaldo contractual.
La controversia ya escaló al plano judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central entregar información detallada sobre la operatoria y cuestionó el uso discrecional del argumento de confidencialidad. En su resolución, el tribunal marcó que las excepciones al acceso a la información pública no dependen de la voluntad del funcionario y que el Estado debe demostrar un daño concreto si pretende reservar datos sensibles.
En paralelo, la Auditoría quedó en condiciones de avanzar con acciones legales por presunto entorpecimiento de sus tareas, luego de la asunción de nuevos auditores. La ausencia de contratos no aparece como una falla administrativa menor, sino como un posible incumplimiento grave en la custodia de activos públicos.
El contexto financiero internacional vuelve el tema aún más delicado. El precio del oro ronda los USD 4.400 la onza, en niveles récord, lo que permite inflar contablemente unas reservas que, en términos líquidos, permanecen profundamente deterioradas. De acuerdo con estimaciones de la consultora LCG, las reservas netas reales se ubican cerca de los USD 18.000 millones en rojo. Sin el efecto precio del oro, el desequilibrio resulta todavía mayor.
La paradoja es evidente: los lingotes siguen computando como reservas del Banco Central, aunque no exista información pública sobre su ubicación, su rendimiento o si fueron utilizados como garantía para obtener financiamiento. No se sabe si están en Londres, en Basilea o afectados a alguna operación crediticia.
El economista Carlos Rodríguez, uno de los referentes técnicos del programa económico de Javier Milei durante la campaña, calificó el episodio como «simplemente insólito». Además de exigir precisiones sobre el oro, reclamó conocer el destino de los dólares correspondientes a los encajes bancarios y pidió la publicación de la serie semanal de reservas netas según la metodología del FMI.
En el mercado financiero persisten las sospechas sobre el uso de recursos del sistema para afrontar compromisos recientes, como el vencimiento de USD 1.000 millones del Bopreal. Con las reservas netas en terreno negativo, los encajes bancarios aparecen como la única fuente líquida disponible, mientras el resto de los activos permanece atado a swaps y créditos que no admiten libre disponibilidad.
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