El debate por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sumó una nueva advertencia desde la oposición. El diputado nacional Guillermo Michel sostuvo que la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto como obligatorio en el proyecto oficial, genera un fuerte impacto negativo sobre las finanzas de la ANSES, con un costo estimado en unos 3.000 millones de dólares anuales.
El FAL aparece como un mecanismo destinado a cubrir indemnizaciones por despido y reemplaza al fondo de cese laboral aprobado en la Ley Bases, que tenía carácter optativo. Bajo este esquema, cada trabajador aporta el equivalente al 3% de su salario a una cuenta específica, de la que puede disponer una vez finalizada la relación laboral.
La iniciativa alcanza a casi todos los empleadores, con excepción del sector de la construcción —que ya cuenta con un sistema propio— y del régimen de casas particulares. Sin embargo, según el informe presentado por Michel, el impacto no recae sobre las empresas sino sobre el sistema previsional.
En ese sentido, el documento advierte que «esto no implica que sube el costo laboral del empleador por una nueva contribución, porque en paralelo los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)».
El recorte en los aportes patronales, remarca el diputado entrerriano de Unión por la Patria, implica una transferencia directa de recursos desde la seguridad social hacia el financiamiento de futuras indemnizaciones. Por eso, señala que «para financiar las futuras indemnizaciones a cargo del empleador (el FAL), se desfinancia al Sistema de Seguridad Social (Anses) que se proyecta en 0,46 p.p. del PBI», un monto que equivale a unos USD 3.000 millones por año.
El informe también pone la lupa sobre quiénes resultan más favorecidos por el nuevo régimen. Según los datos citados, los mayores beneficios quedan concentrados en un grupo reducido de grandes empleadores: apenas el 1,8% del total, unas 9.516 empresas con más de 100 trabajadores, concentran el 63% de la masa salarial y aprovechan con mayor intensidad la baja de contribuciones patronales.
A ese escenario se suma otra alerta política. Michel señaló que el Presupuesto 2026, que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año, no contempla ninguna previsión para compensar el desfinanciamiento que el FAL genera sobre la ANSES.
Más allá del impacto fiscal, el proyecto introduce cambios estructurales en la operatoria de las indemnizaciones. Cada empresa deberá abrir una cuenta administrada por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, con patrimonio separado, inembargable y no individualizado por trabajador. Allí se registran aportes, rendimientos y eventuales retiros.
El esquema solo cubre a empleados con al menos 12 meses de registración previa y no exime al empleador de pagar la indemnización completa si los fondos resultan insuficientes. Aun así, desde la oposición advierten que el corazón del cambio no está en el sistema de despidos, sino en el traslado de recursos desde la seguridad social hacia el sector empresario.
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