27 de diciembre de 2025

Cruce en Diputados: advierten que el Presupuesto 2026 viola la Ley de Administración Financiera

La oposición advierte que el dictamen incluye reformas encubiertas, genera fracturas en Diputados y abre un grave conflicto institucional.

El debate por el Presupuesto 2026 escaló en la Cámara de Diputados luego de que el oficialismo incorporara cambios que, según la oposición, exceden el marco legal de una ley presupuestaria. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro denunció que el dictamen de mayoría avanza con la derogación y modificación de normas vigentes, una práctica que —sostuvo— choca de frente con la Ley de Administración Financiera.

Ferraro apuntó contra la estrategia del Gobierno y sus aliados —PRO, UCR y MID— y también contra el respaldo de gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones. Para el legislador, el texto introduce un mecanismo impropio para desarmar leyes que ya recibieron aval parlamentario en más de una oportunidad.

Desde sus redes, el diputado explicó el alcance de la maniobra y enumeró las normas afectadas. “El oficialismo pretende avanzar hoy con un dictamen que viola de manera directa la Ley de Administración Financiera, al derogar leyes vigentes- como la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad- y reformar normas mediante la eliminación de artículos centrales que hacen al espíritu de las leyes de Financiamiento Educativo, de Educación Nacional, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional“, escribió.

En ese marco, recordó que la propia Ley de Administración Financiera fija límites precisos para el contenido de los presupuestos. Citó el artículo 20, que establece que las leyes presupuestarias “contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”.

Para Ferraro, la discusión no admite interpretaciones. “no es una discusión política ni algo opinable”, afirmó, y agregó que “el presupuesto es una ley temporal, y no puede ser una ley ómnibus encubierta que sirva para reformar o derogar leyes vigentes».

Con ese argumento, reclamó que se retiren del dictamen los artículos cuestionados. “deben eliminarse los artículos 75 y 30 del dictamen de mayoría”, planteó, y remarcó: “En estas condiciones, esos artículos no pueden ser votados. Ojalá que LLA y sus aliados abandonen la provocación y eviten aprobar este nuevo mamarracho jurídico».

En una entrevista radial posterior, el referente de la Coalición Cívica apeló a la coherencia de quienes respaldaron las leyes ahora en riesgo, aunque dejó abierta la posibilidad de negociaciones de último momento. “Yo apelo a los más de 32 diputados que votaron las leyes de Financiamiento Universitario y Discapacidad. Si los diputados no cambian sus votos, podemos sacar el artículo 75 del presupuesto, pero puede que haya una nueva temporada de republicanos intermitentes que se arrodillan ante la ola violeta”, advirtió.

Cambios de último momento y rechazo opositor

La controversia se disparó tras una jugada del Ejecutivo que tomó por sorpresa a la oposición. El martes, el Gobierno modificó el dictamen que la Comisión de Presupuesto y Hacienda trabajó durante noviembre y envió la versión actualizada solo a los bloques aliados. La maniobra recibió críticas en comisión por parte de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

Entre los cambios más sensibles figura el artículo 75, que incorpora la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. La oposición busca eliminarlo durante la votación en particular.

También genera rechazo el nuevo texto del artículo 30, que borra metas de financiamiento mínimo para educación, recorta la inversión progresiva en ciencia y tecnología, elimina el fondo para escuelas técnicas y reduce partidas vinculadas al sistema de defensa nacional.

Ese punto activó la reacción de la Confederación General del Trabajo. En un comunicado, la CGT exigió que se quite el artículo 30 del Presupuesto 2026 al advertir que provoca una fuerte caída de la inversión educativa, contradice la legislación vigente, desfinancia la educación técnico-profesional y vacía las políticas de ciencia y tecnología orientadas al desarrollo nacional.

En el recinto también se anticipan cuestionamientos a otros aspectos del proyecto, como la eliminación del ajuste automático de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, además de nuevas restricciones al régimen de zonas frías. El “supermiércoles” en Diputados promete un debate tenso, con artículos clave en la mira y un oficialismo decidido a avanzar.

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