Petovello contra las cuerdas: detectaron irregularidades en Capital Humano

Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) puso en evidencia serias deficiencias en la forma en que el Ministerio de Capital Humano compró, almacenó y distribuyó alimentos destinados a la asistencia social. El relevamiento, incorporado a una causa penal en trámite, señaló que no se logra establecer con precisión quiénes recibieron la mercadería ni qué productos llegaron efectivamente a destino.

El análisis se desarrolló dentro de una investigación judicial que busca determinar si la cartera conducida por Sandra Pettovello incumplió una medida cautelar de la Justicia federal. Esa orden exigía informar el volumen de alimentos disponibles y detallar un esquema de reparto “de modo inmediato”. Según la PIA, la documentación enviada por el Ministerio no permitió cumplir ese objetivo.

Los fiscales advirtieron que la información remitida careció de orden, presentó vacíos relevantes y no contó con respaldo documental suficiente. En ese contexto, el organismo concluyó que no se pudo reconstruir la trazabilidad de los productos ni identificar a los beneficiarios finales.

“No resulta posible individualizar con el grado de certeza requerido quiénes fueron los destinatarios finales de los alimentos acopiados”, sostuvo el informe firmado por el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, junto a Daniela Pérez y Esteban Venditti.

El dictamen, fechado a fines de noviembre, llegó al despacho del juez federal Sebastián Casanello, quien dio intervención a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción, en función de sus atribuciones de control sobre la administración pública.

Irregularidades administrativas y falta de procedimientos

Entre los puntos más críticos, la PIA enumeró inconsistencias entre planillas oficiales y registros judiciales, diferencias en los datos de stock, remitos sin constancia de recepción por parte de los destinatarios y la ausencia de documentación clave para seguir el recorrido de los alimentos desde su compra hasta la entrega final.

El informe también marcó que el propio Ministerio reconoció no contar con manuales ni protocolos formales para la distribución. Para la Procuraduría, esa carencia “contradice los principios de legalidad, razonabilidad y buena administración que deben regir la actuación estatal”.

“La información proporcionada solo permitiría, en el mejor de los casos, arribar a un resultado probabilístico, lo cual resulta conceptualmente antagónico con un informe de trazabilidad”, agregó el dictamen.

Además, los investigadores señalaron “patrones de informalidad y desorganización” que impidieron verificar si las compras —incluidas licitaciones de alto monto canalizadas mediante organismos internacionales— cumplieron el objetivo social que las justificó.

La presentación quedó incorporada al expediente que tramita ante la Fiscalía Federal a cargo de Paloma Ochoa, donde se evalúan posibles responsabilidades penales y administrativas.

Productos bajo análisis

El relevamiento incluyó distintos alimentos adquiridos y almacenados por el Estado. Entre ellos, aceite de girasol comprado en grandes volúmenes a través de una licitación gestionada por la OEI; lentejas secas en envases de 400 gramos adquiridas por el mismo mecanismo; y legumbres y fideos consignados de manera genérica en los remitos, sin datos de peso, lote o tipo, lo que dificultó seguir su recorrido.

También figuró la leche en polvo, con unas 465 toneladas en depósito, muchas próximas a su fecha de vencimiento. Esa situación derivó en una distribución de urgencia mediante un convenio con la Fundación CONIN, junto con harina de maíz que integraba el mismo stock.

Para la PIA, el conjunto de irregularidades expuso un esquema de gestión que no garantizó controles básicos ni transparencia en una política sensible, orientada a sectores en situación de vulnerabilidad.

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