El proyecto de reforma laboral que empuja el Gobierno nacional introduce un giro fiscal de gran magnitud: reduce ingresos públicos por un monto cercano a un punto del PBI, en un contexto donde el Ejecutivo sostiene el ajuste sobre jubilaciones, discapacidad, educación y ciencia con el argumento del equilibrio de las cuentas.
La llamada Ley de Modernización Laboral genera, según estimaciones privadas, una merma de recursos equivalente al 0,83% del PBI. El cálculo pertenece a la consultora Invecq, que analizó el impacto integral del texto enviado al Congreso y puso el foco en los beneficios tributarios destinados a las empresas.
De acuerdo con el informe, «la mayor parte de este esfuerzo corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral», que representa 0,5% del PBI. A eso se suma otro tramo de alivios fiscales: «El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)».
Entre los cambios incluidos aparecen medidas de carácter claramente regresivo, como la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades y la supresión de gravámenes que alcanzan a consumos de alto poder adquisitivo, entre ellos objetos suntuarios, embarcaciones y aeronaves.
Si bien Invecq valoró de manera general el rediseño impositivo que acompaña la reforma, también marcó límites evidentes. Los especialistas advirtieron que los cambios «no abordan el núcleo de las distorsiones, que exige una reforma más profunda sobre tributos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque o las retenciones».
Beneficios impositivos incluidos en el proyecto
El trabajo de la consultora detalló los principales ejes fiscales que favorecen al sector empresario:
- Creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con devolución anticipada de IVA y amortización acelerada en Ganancias para proyectos de hasta 30 millones de dólares.
- Reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias a Sociedades desde 2026: del 30% al 27% y del 35% al 31,5%.
- Eliminación de Impuestos Internos sobre seguros, telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos, motores, embarcaciones recreativas y aeronaves.
- Eliminación de los dos impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera, con excepción de monedas digitales).
- Supresión del cargo del 10% a las entradas de cine destinado al financiamiento del INCAA.
El trámite legislativo y la calle
Mientras el oficialismo acelera el tratamiento parlamentario, el clima político se vuelve cada vez más áspero. En el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a los jefes de bloque para definir las comisiones, entre ellas Trabajo y Previsión Social, que deberá analizar los 197 artículos del proyecto antes de emitir dictamen.
En paralelo, el Gobierno enfrenta una creciente resistencia social. A la movilización convocada por la CGT se suman las dos CTA, sindicatos combativos, movimientos sociales, gremios estatales y sectores del peronismo bonaerense. La reforma laboral, presentada como una pieza central del programa libertario, promete convertirse en uno de los focos de conflicto más intensos del cierre del año.
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