«No odiamos suficiente»: el nuevo ataque de Milei a los periodistas con la reforma laboral

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei abre un nuevo foco de conflicto con el periodismo. En el capítulo de derogaciones del proyecto aparece la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional, una norma vigente desde 1944 que regula condiciones laborales, protege el ejercicio informativo y funciona como resguardo frente a presiones políticas y empresariales.

La Ley 12.908 establece derechos específicos para quienes trabajan en prensa: estabilidad laboral, indemnizaciones diferenciadas, límites a los despidos arbitrarios, acceso a las fuentes, jornadas reguladas y garantías para la libertad de conciencia y expresión. Con 84 artículos, el estatuto no solo ordena la actividad, sino que refuerza el derecho social a recibir información y consolida al periodismo como un pilar del sistema democrático.

“El intento de derogación del Estatuto del Periodista es otro ataque artero a los periodistas, a los que Milei dice que no odia lo suficiente”, dice Mariano Obarrio, con extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, al cuestionar la decisión oficial de incluir la norma en la reforma.

Tras semanas de versiones y borradores, el Presidente firmó el proyecto y confirmó que la ley figura entre las normas a eliminar. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) analiza el alcance de la medida antes de fijar una posición institucional. Su presidente, Fernando Stanich, plantea una preocupación de fondo: “No somos una entidad gremial, pero sí nos preocupa cualquier desregulación que pueda vulnerar derechos y agudizar más la crisis del periodismo. La precarización laboral impacta directamente en la calidad periodística”.

El rechazo también surge desde periodistas de distintas líneas editoriales. Silvia Mercado, acreditada en Casa Rosada y con paso por múltiples medios, remarca la dimensión colectiva del conflicto: “No dudo de que el periodismo, más allá de ideologías, estará unido para defender nuestros derechos y la libertad de expresión. También lo harán las empresas”.

En la misma línea, Ariel Senosiain cuestiona la lógica del proyecto oficial y descarta la derogación como salida posible: “Estoy en contra, no entiendo cómo la única alternativa que manejan es derogar. Creo en la conversación de las partes para pulir y actualizar un convenio, pero nunca eliminarlo. Ni invisibilizar una cantidad de derechos que están instalados hace años”. Desde los sindicatos de prensa recuerdan que existen propuestas para debatir cambios vinculados al teletrabajo y la inteligencia artificial, aunque sin respuestas de las cámaras empresarias.

El estatuto define cuestiones centrales como categorías profesionales, escalas salariales, descansos, extensión de la jornada y un período de prueba acotado. También consagra la estabilidad como herramienta para preservar la independencia frente a presiones externas. “Nos hace inmunes a las presiones políticas, estableciendo que ningún empleado puede ser separado de sus funciones sin una causa grave justificada y que las promociones deben seguir un riguroso orden de escalafón”, precisa Obarrio sobre el espíritu de la norma que el Ejecutivo busca borrar.

La avanzada oficial genera rechazo en el ámbito local e internacional. Universidades, gremios y colegas se pronuncian en contra, al igual que organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Fepalc. El proyecto también elimina el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas y recorta artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sostienen a medios públicos, comunitarios y pymes. “¿Qué tiene que ver derogar los derechos de los periodistas con «modernizar las relaciones laborales»? Nada de nada. Es un proyecto de dictador”, afirma Obarrio.

A la par, Fopea y ADEPA observan con alarma cambios propuestos en el Código Penal que podrían afectar libertades ya consolidadas. “La estamos estudiando para que no haya retrocesos en avances legislativos que garantizan las libertades de prensa y de expresión, como la despenalización del desacato, la eliminación de las penas de prisión y la figura del interés público como exclusión en algunas figuras delictivas”, explica Stanich.

Para Noelia Barral Grigera, la iniciativa encaja en una definición política más amplia: «De un gobierno antiobrero y antisindicatos, que todo el tiempo dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas, no sorprende: es un ataque consistente con su pensamiento». Como en los años ’90, el Estatuto del Periodista vuelve a quedar en la mira. El desenlace de esta ofensiva todavía se discute, pero el impacto sobre la libertad de expresión ya genera una resistencia extendida.

About Author

DeudaPrometida.com

See author's posts