Tierras en liquidación: Milei vacía la ley que protege la soberanía

La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra la ley que limita la extranjerización de tierras rurales avanza a través de un proyecto que, en los hechos, desarma el esquema de protección del dominio nacional vigente desde 2011. Bajo el rótulo grandilocuente de “inviolabilidad de la propiedad privada”, la propuesta oficial modifica el corazón de la norma y habilita un nuevo escenario para la apropiación de extensiones rurales por parte de empresas privadas extranjeras, en sintonía con los lineamientos estratégicos de Estados Unidos.

La iniciativa se inscribe en una lógica geopolítica más amplia, vinculada al interés norteamericano por asegurar el control sobre minerales críticos —como el litio y las tierras raras— y limitar la presencia de otros actores globales en la región. Ese marco quedó explicitado en la reciente “Estrategia de Seguridad Nacional 2025” presentada por la Casa Blanca, cuyos efectos ya se reflejaron en decisiones locales como la exclusión de firmas chinas en la licitación de la Hidrovía.

Detrás del impulso desregulador aparecen también intereses concretos del sector financiero internacional. Grandes fondos como BlackRock y The Vanguard Group, con fuerte participación en empresas mineras que operan en el país, presionan desde hace años para eliminar los controles que impone la ley de tierras, especialmente aquellos que obligan a transparentar estructuras societarias, beneficiarios finales y eventuales maniobras de lavado de activos.

Un camino que no comenzó ahora

El vaciamiento de la norma tuvo un antecedente clave durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando un decreto eliminó los cruces de información entre la entonces AFIP y la Unidad de Información Financiera. Esa decisión debilitó la capacidad del Estado para detectar operaciones irregulares vinculadas a la compra de campos. La administración Milei va más allá: redefine las operaciones de compra-venta de tierras rurales como “inversiones”, lo que abre la puerta a eventuales litigios en tribunales internacionales como el CIADI.

“Fingen la restricción a organismos públicos estatales extranjeros pero no dicen nada de las empresas privadas que son un vehículo para la entrega de soberanía. El 90% de las operaciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri y Javier Milei fueron adquisiciones de privados –extranjeros- a través de triangulaciones vía fideicomisos donde el que da la cara posee un DNI local. Esta es una derogación encubierta de la Ley de tierras”, sostuvo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, uno de los autores de la norma sancionada en 2011.

Cambiar el foco para liberar el mercado

El texto impulsado por La Libertad Avanza limita sus restricciones a los Estados extranjeros y a sociedades controladas directamente por ellos. Al hacerlo, deja fuera de cualquier tope efectivo a personas físicas y empresas privadas de capital extranjero, que concentran la mayor parte de las tierras ya extranjerizadas según los registros oficiales.

“La iniciativa también suprime la limitación basada en la nacionalidad del comprador. Bajo el nuevo marco, podría darse un escenario extremo pero legalmente posible, donde un gran número de ciudadanos extranjeros adquiera tierras en pequeñas parcelas, sumando una superficie descomunal”, advirtió Florencia Gómez, ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR).

Las cifras del propio RNTR muestran que los principales tenedores de tierras rurales son empresas y personas privadas. Encabezan el ranking capitales estadounidenses, seguidos por italianos —con fuerte peso del grupo Benetton—, españoles, canadienses y chilenos. En varias localidades, el nivel de extranjerización supera con holgura los promedios nacionales y alcanza porcentajes críticos, como ocurre en zonas de Chubut, Salta, La Rioja y Santa Cruz.

Blindajes que se desmontan

La ley original excluía explícitamente a la tierra rural del concepto de “inversión” protegida por tratados internacionales, con el objetivo de preservar la capacidad regulatoria del Estado. Esa cláusula funcionaba como un escudo frente a demandas externas. El nuevo proyecto elimina esa protección.

“Esta supresión no es un detalle técnico, sino la demolición del pilar soberanista que justificó la ley original. Mientras el mensaje de 2011 buscaba efectivizar el derecho irrenunciable al ejercicio de la soberanía, la reforma que propone el Consejo de Mayo desarma el mecanismo creado para protegerla, exponiendo al país a litigios internacionales si intentara regular en el futuro. Es una contradicción histórica y jurídica. Se deroga el núcleo de una ley invocando principios que la misma ley fue diseñada para defender”, sostuvo Gómez.

Paraísos fiscales y recursos estratégicos

Otro punto sensible es la virtual reapertura a estructuras radicadas en guaridas fiscales. El primer relevamiento del RNTR había detectado que más de un millón de hectáreas estaban en manos de sociedades offshore. Los controles que permitían rastrear esos entramados se diluyeron con los cambios introducidos desde 2016 y quedan definitivamente neutralizados con la propuesta libertaria.

El impacto se vuelve aún más evidente en las zonas ricas en litio y tierras raras. Empresas multinacionales utilizan sociedades locales como fachada para inscribir proyectos de decenas de miles de hectáreas, lo que reduce artificialmente los porcentajes de extranjerización informados. Esa ingeniería legal, ahora avalada por la reforma, facilita el avance sobre bienes comunes como el agua, los salares y los accesos a lagos cordilleranos.

Alineamiento sin matices

La única limitación que el proyecto conserva es un tope de mil hectáreas para Estados extranjeros, una restricción que, según datos oficiales, no afecta a ningún caso concreto. En cambio, funciona como un mensaje político alineado con la estrategia estadounidense de bloquear la presencia de países considerados adversarios, especialmente China.

“La reforma opera como un instrumento de política exterior: libera el mercado para el capital privado aliado mientras establece una herramienta de cerrojo legal explícito contra la adquisición por parte de Estados considerados adversarios por Washington. No se trata solamente de desregular; se trata de elegir a quién favorecer y afianzar una dependencia, un vasallaje”, concluyó Gómez.

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