Vouchers para todos, fondos para nadie: Milei avanza con la reforma educativa

El gobierno de Javier Milei presentó su proyecto de “Libertad Educativa”, un texto que busca reescribir la estructura del sistema escolar y trasladar a las provincias una responsabilidad financiera mucho más grande. El plan combina vouchers, recortes de aportes nacionales, un esquema obligatorio de subsidios para escuelas privadas y el reconocimiento oficial de modalidades alternativas de aprendizaje, desde la educación en el hogar hasta plataformas digitales completas.

El Presidente volvió a apuntar contra parte de la oposición por el supuesto “adoctrinamiento” en las aulas y defendió la iniciativa como un giro hacia la “libre elección”, una bandera central del gobierno libertario. Los gremios docentes salieron a rechazar la propuesta y remarcan que el nuevo marco “privatiza, desfinancia y deja al Estado sin su rol de garante del derecho a la educación”.

El documento circula con 68 páginas y retoma una idea clásica de Milei: que el dinero siga al alumno y no a la institución. Esa lógica aparece detallada en el artículo 83, que señala: «El Sistema Nacional de Educación podrá implementar dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades. Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje».

Uno de los puntos más tensos pasa por el financiamiento. El proyecto saca del horizonte el 6% del PBI para educación, una meta que figuraba en la Ley de Educación Nacional. En su lugar, incorpora un nuevo artículo 9, que deja de lado cualquier referencia al aporte estatal y enumera obligaciones para estudiantes. Allí se expresa: «Los estudiantes tienen el deber de: a) Actuar con diligencia y buena fe en su formación; b) Respetar la integridad y la libertad de los demás miembros de la comunidad educativa; c) Cooperar al cumplimiento de las finalidades del proceso educativo; d) Respetar el proyecto institucional y los reglamentos de la institución educativa a la que 94 asisten; y el ideario en las instituciones privadas».

Otro tramo del proyecto exige que Nación, provincias y Ciudad financien la educación dentro de sus competencias, pero agrega un punto que preocupa a los gobernadores: la obligación de garantizar “equidad” entre escuelas estatales y privadas. Para varias provincias, eso implica derivar más recursos a establecimientos que no dependen del Estado.

El texto también incorpora principios como “libertad y justicia” y “eficiencia”, conceptos que el oficialismo utiliza para justificar recortes, eliminar gastos que considera discrecionales y ordenar la asignación de fondos de acuerdo a resultados.

La reforma abre, además, la puerta a sistemas educativos alternativos. Reconoce formalmente que los chicos pueden formarse mediante “formas alternativas de enseñanza”, un paraguas que incluye a quienes no concurren de manera regular a una institución. En ese apartado se oficializa la educación en el hogar, dirigida por los propios responsables parentales o por personas elegidas por ellos.

La iniciativa también habilita sistemas totalmente digitales. Habla de entornos virtuales que “permitan diseñar, gestionar, desarrollar y evaluar procesos educativos” en formatos híbridos o a distancia, algo que genera inquietud entre docentes que temen una precarización del trabajo pedagógico.

Con esta propuesta, Milei empuja un reordenamiento profundo del sistema escolar, justo en un escenario donde los gremios ya discuten medidas de fuerza y las provincias advierten que el nuevo esquema las deja sin margen fiscal. El Gobierno busca llevar el proyecto al Congreso antes de que cierre el año legislativo.

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