En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se desplomó y quedó 35,9% por debajo del nivel que tenía en 2023. La cifra refleja una brecha brutal entre los aumentos fijados por el Ejecutivo y una inflación que avanzó mucho más rápido. El SMVM trepó de $146.000 a $328.400 entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, un salto nominal del 124,9%, frente a un IPC que acumuló cerca del 250,7%.
El deterioro también golpea a quienes facturan por hora. En el mismo período, la tarifa pasó de $730 a $1.642. Antes, esos $730 alcanzaban para un litro y medio de leche fresca; ahora, el nuevo valor apenas cubre un litro. La pérdida no frenó en 2025: entre diciembre del año pasado y este diciembre, el alza del salario mínimo ronda el 19,7%, mientras que la inflación proyectada para el mismo tramo supera el 30%.
A la tendencia reciente se suma un arrastre de más largo plazo: desde 2011, el piso salarial acumula una caída real cercana al 60%. Ni las negociaciones paritarias ni el Consejo del Salario lograron revertir esa curva descendente.
La definición de los nuevos montos volvió a quedar en manos del Gobierno por la falta de acuerdo entre cámaras empresarias y sindicatos. El Ejecutivo estableció un sendero hasta agosto de 2026, con subas mensuales cada vez más chicas. Entre agosto y noviembre de este año, el salario mínimo avanzó solo 1,92% —de $322.200 a $328.400— frente a una inflación del 6,43% en el mismo tramo. Para el año próximo, las variaciones previstas se mueven entre el 1,95% y el 1,13%, lo que arroja un incremento total del 16,9% desde agosto de 2025 hasta agosto de 2026. Ese esquema confirma la intención oficial de llevar las paritarias a un ritmo cercano al 1% mensual.
Un informe de CIFRA calculó que, sin el desplome de esta década, el salario mínimo actual superaría los $800.000, más del doble del nivel real vigente. Ese deterioro lo ubica incluso por debajo de los valores de la década del 90 y del final de la Convertibilidad, cuando el salario mínimo quedó desactivado como herramienta para ordenar el mercado laboral.
La Ley de Contrato de Trabajo define que el SMVM debe garantizar alimentación adecuada, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, vacaciones y cobertura previsional. Nada de eso se cumple hoy: el piso salarial quedó desconectado de las necesidades básicas y del costo de vida real.
El retroceso afecta no solo a quienes dependen directamente del salario mínimo —registrados con ingresos por debajo del piso mensual o por hora— sino también a los empleados informales, casi el 40% de la fuerza laboral, que lo toman como referencia. También genera un impacto sobre los jubilados: como el SMVM se ubica por debajo del haber mínimo, el 82% móvil no alcanza a quienes aportaron los 30 años sin moratorias.
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