Carlos Presti todavía no asumió en Defensa y ya dejó su primera señal política: ubicó a Guillermo Madero en la jefatura de gabinete. El funcionario, que ya agradeció el ascenso en redes sociales, acumuló un recorrido que inquieta a organismos de derechos humanos y reavivó tensiones dentro del propio ministerio. Su nombre no espanta las dudas que despertó el desembarco de Presti, hijo de un militar involucrado en secuestros y desapariciones durante la dictadura.
“Gran responsabilidad, un orgullo acompañarlo”, escribió Madero en X después de que Eduardo Feinmann difundió que su designación ya estaba acordada. Ese mensaje confirmó lo que en Defensa se comentaba desde hacía semanas.
Madero formó parte de Cambiemos y entró al área de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Patricia Bullrich lo llevó a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos y lo presentó como un cuadro cercano al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, hoy alineado con La Libertad Avanza. Desde allí saltó al Ministerio de Defensa cuando Luis Petri tomó el control del área.
Con Petri consiguió dos cargos sucesivos y ganó peso político. Primero manejó Planeamiento Estratégico y luego quedó al frente de Defensa Civil. Parte del sector militar retirado incluso lo impulsó como posible reemplazo del ministro mendocino, lo que lo llevó a moverse con autonomía dentro del edificio Libertador.
Ese poder se vio en febrero de 2024, cuando frenó un pedido de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que buscaba acceder a una historia clínica para avanzar en la restitución de identidad de personas nacidas durante la dictadura. La nota, que circuló en espacios que militan la impunidad, planteaba que el Poder Ejecutivo no debía intervenir en investigaciones, como si la búsqueda de nietos y nietas fuera una intromisión y no una política de Estado.
El episodio no quedó aislado. En mayo, Bullrich se sumó a la ofensiva y tildó a la Conadi de “organismo militante”. Dos meses después, Javier Milei borró por decreto la Unidad Especial de Investigación, una herramienta clave para que las Abuelas de Plaza de Mayo accedan a archivos y puedan encontrar a sus nietos.
El 7 de marzo del año pasado, Madero visitó junto al entonces director nacional de Derechos Humanos, Lucas Miles Erbes, a represores detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El ministerio dijo que la recorrida apuntó a revisar instalaciones, aunque en los pasillos de Campo de Mayo circuló que los detenidos tomaron la reunión como una señal de respaldo.
Poco después, Petri desarticuló los Equipos de Relevamiento y Análisis, que desde 2010 colaboraban con la justicia en causas de lesa humanidad. Madero intervino directamente cuando el fiscal Miguel Palazzani pidió preservar documentación sensible. En vez de garantizar el resguardo del material, le envió una nota al procurador Eduardo Casal para cuestionar el canal utilizado por el fiscal. Casal replicó contra Palazzani, mientras la información quedaba bajo control del ministerio.
La tensión volvió en noviembre. El fiscal Félix Crous denunció un intento de la Armada de destruir archivos del Archivo General de la fuerza y ubicó la maniobra dentro de un “esfuerzo persistente y coordinado dirigido a obstruir la preservación de la prueba”. En su presentación, Crous señaló como antecedente directo la negativa de Madero a entregar documentos pedidos por la Conadi.
En una columna publicada en julio en Infobae, Madero profundizó su postura. Criticó la política de memoria, habló de una “doctrina Petri” y cargó contra lo que llamó “visión ideológica restrictiva” de los derechos humanos. Allí dejó una frase que sintetiza su mirada:
“A través de una visión ideológica restrictiva y una interpretación parcial de la memoria histórica —enfocada únicamente en la vertiente terrorista de los 70— se relegó a las Fuerzas Armadas a un papel meramente testimonial”.
También sostuvo la existencia de una “industria de los juicios de derechos humanos”, en línea con discursos de sectores negacionistas:
“Este proceso de invisibilización incluyó una persecución, como lo fue el caso del grupo creado en el ámbito del Ministerio de Defensa, con acceso irrestricto a todos los antecedentes del personal militar, y que involucró revisiones discrecionales de legajos de personal militar con portación de apellido, hasta operaciones políticas en medios de comunicación oficialistas, actuando como un organismo parajudicial, que sirvió para la industria de los juicios de derechos humanos llevados a cabo durante esas dos décadas”.
Mientras la Casa Rosada intenta instalar que la llegada de Presti marca el fin de la “demonización” de las Fuerzas Armadas, distintos referentes del campo de los derechos humanos leen el ascenso de Madero como una advertencia: un guiño a sectores que buscan reescribir los crímenes de la dictadura y limitar la rendición de cuentas que convirtió a la Argentina en un ejemplo internacional.
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