Las federaciones docentes del sistema universitario nacional encendieron todas las alarmas y acusaron al gobierno de Javier Milei de ignorar la Ley de Financiamiento Universitario, mientras crece el temor a un inicio de clases frustrado en 2026. Con paros, comunicados urgentes y advertencias cada vez más duras, el conflicto tomó velocidad en un contexto de salarios pulverizados y presupuestos que no alcanzan para sostener el funcionamiento básico de las universidades.
La Conadu Histórica, que nuclea a 27 gremios, anunció un paro del 1 al 6 de diciembre. La AGD-UBA explicó la medida sin rodeos: «El Plenario de secretarías generales de la federación resolvió paro de una semana en respuesta a la decisión del gobierno nacional de no cumplir con la Ley de financiamiento universitario y el correspondiente aumento salarial, que en este momento asciende al 43,95%, producto a la inflación registrada de julio en adelante». El gremio porteño confirmó además que el martes marchará al Consejo Superior de la UBA y luego a la Secretaría de Educación.
En el mismo comunicado, AGD-UBA apuntó contra el proyecto de Presupuesto 2026 que Milei quiere discutir en extraordinarias. La organización lo definió como uno “de miseria para educación” y remarcó: «El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza».
Dentro de la Conadu Histórica, el reclamo salarial llega al 44%. Antonio Rosselló, dirigente de AGD-UBA e integrante de la conducción de la federación, detalló por qué ese número no surge de una pulseada improvisada: «Este número no es ni el buscado, ni un capricho. Es lo que surge de la aplicación estricta de la ley de financiamiento universitario». También remarcó que el presupuesto debería triplicarse para garantizar investigación, ciencia, tecnología, escuelas preuniversitarias y mejores condiciones de enseñanza y egreso.
La advertencia de Conadu: un 2026 sin clases
Mientras la Conadu Histórica avanzaba con las medidas de fuerza, la Conadu —la federación docente más numerosa del país— difundió un mensaje que sacudió al sistema educativo: «Sin implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no comenzarán las clases en 2026», afirmó el comunicado.
Según detallaron, «Con la participación de 30 gremios, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) decidió la puesta en marcha en 2026 de un fuerte plan de lucha que incluiría el no inicio del ciclo normal de las clases si no se implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria».
La advertencia se volvió más grave cuando Carlos De Feo, secretario general de Conadu, remarcó: «La situación de la universidad es sumamente critica y si el gobierno no ofrece una solución las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir».
Una ley aprobada, vetada, revalidada y sin fondos
La disputa alcanzó un punto insólito: el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario dos veces —primero al sancionarla y luego al rechazar el veto presidencial—, pero Milei la promulgó sin financiamiento. En el Boletín Oficial del 21 de octubre, el Presidente escribió que «corresponde que el Poder Ejecutivo promulgue la ley», aunque dejó su implementación suspendida «hasta tanto el honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere». Luego agregó que el texto «aborda los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias».
Ese movimiento dejó la norma congelada y selló una nueva confrontación con las universidades, un conflicto que se profundizó desde el primer día de gestión. Milei sostuvo que solo buscaba auditar a las instituciones, pero las auditorías ya existían y las universidades venían cumpliendo con sus rendiciones. La desconfianza creció con cada recorte y cada demora, hasta formar un escenario donde la sospecha de un vaciamiento dejó de sonar exagerada para transformarse en diagnóstico generalizado.
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