La provincia de Buenos Aires dio un paso que ninguna otra jurisdicción del país se animó a encarar y puso en marcha un esquema obligatorio para ordenar cómo los organismos estatales desarrollan, contratan o usan inteligencia artificial. El Gobierno bonaerense publicó la Resolución 9/2025 en el Boletín Oficial y dejó asentado un paquete de reglas que apunta a garantizar derechos, transparencia y seguridad en cada aplicación tecnológica que se apoye en IA dentro del Estado.
Detrás de la norma trabaja la Subsecretaría de Gobierno Digital, que trazó un marco que fija criterios generales y exige que cualquier dependencia provincial evalúe riesgos, informe el uso de sistemas automáticos y detalle qué datos manipula. El espíritu del esquema busca un uso “razonable y confiable” de estas herramientas, según explica la resolución, y se alinea con debates que recorren la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO en torno a la regulación global del sector.
Un marco con foco en derechos y control ciudadano
La reglamentación se organiza alrededor de una batería de principios que intentan ordenar la convivencia entre innovación tecnológica y protección de las personas. La Provincia incorpora lineamientos como neutralidad tecnológica, centralidad de la persona, privacidad, inclusión y sostenibilidad. También subraya la necesidad de asegurar transparencia, trazabilidad y responsabilidad en cada desarrollo, además de medidas técnicas que impidan accesos no autorizados o filtraciones en bases de datos estatales.
Uno de los ejes más fuertes es el modelo de evaluación por riesgo. El esquema divide los sistemas de IA en cuatro categorías:
- Riesgo inaceptable, directamente prohibidos, como los que manipulen conductas mediante técnicas subliminales, exploten vulnerabilidades o generen mecanismos de “scoring social”.
- Alto riesgo, sujetos a controles estrictos y análisis de impacto, especialmente cuando intervienen en identificación biométrica, infraestructura crítica, justicia o procesos laborales.
- Riesgo limitado, entre los que figuran chatbots genéricos que no procesan datos sensibles.
- Riesgo nulo, sin efectos significativos sobre derechos o seguridad.
Las dependencias públicas deberán realizar evaluaciones preliminares, aplicar mecanismos sólidos de gobernanza de datos y evitar sesgos discriminatorios durante todo el ciclo de vida de cada sistema.
Registro obligatorio y advertencias al usuario
La normativa exige que todos los organismos provinciales adviertan de manera explícita cuando una persona interactúe con un sistema automático y que cada desarrollo o implementación quede inscripto en un Registro Provincial de Inteligencia Artificial. La Dirección Provincial de Innovación Digital quedará a cargo de ese registro y actuará como autoridad de aplicación.
Especialistas consultados valoran que la decisión bonaerense abre un camino para municipios y provincias que ya experimentan con IA en trámites, seguridad, salud y manejo de datos. Con este movimiento, Buenos Aires se mete de lleno en un debate que crece en todo el mundo sobre cómo equilibrar innovación y protección de derechos, y la jugada promete motorizar una discusión en el Congreso nacional durante los próximos meses.
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