Alerta: permitieron un hackeo total de Argentina a cambio de US$ 34 millones

El corazón digital de las Fuerzas Armadas quedó envuelto en una polémica mayor tras la venta del edificio donde funciona el Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recibió una denuncia para revisar el proceso que terminó con la subasta del predio por 34 millones de dólares, una operación que avanzó bajo el Decreto 950/2024 del gobierno de Javier Milei, que impulsó la liquidación de más de 400 bienes públicos.

Riesgos operativos y un traslado sin blindaje

La presentación —registrada el 10 de noviembre con el código KLGZ-246— apunta a un punto crítico: el traslado del organismo que resguarda los sistemas digitales estratégicos del país se puso en marcha sin un plan sólido. El escrito describe omisiones, fallas de planificación y un riesgo concreto de quedar expuestos ante un ciberataque durante la mudanza, que tendría fecha de finalización en marzo de 2026 según los plazos informales que circulan en Defensa.

Para los denunciantes, la decisión de desprenderse del predio avanzó sin presupuesto para una nueva sede segura, sin una hoja de ruta técnica y sin un análisis serio del impacto en la capacidad de defensa digital.

Funcionarios bajo la lupa

La denuncia apunta primero al general de brigada Luis Guimpel, máxima autoridad del Comando de Ciberdefensa, responsable de la infraestructura, los activos informáticos y la seguridad del organismo. El texto señala que Guimpel no elevó objeciones a tiempo ante el Estado Mayor Conjunto (EMCO) ni ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por la venta de un edificio estratégico sin reemplazo definido.

El segundo funcionario cuestionado es el brigadier general Xavier Isaac, jefe del EMCO. Según la presentación, Isaac tiene la facultad de autorizar o frenar la desafectación de activos militares sensibles, y debe investigarse si evaluó con rigor la decisión de avanzar sin un plan de contingencia ni una sede nueva con estándares adecuados. La alternativa elegida —un edificio en la calle Junín, en Recoleta— se encuentra hoy bajo análisis.

Otro señalado es el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay. La denuncia reclama determinar cuál fue su participación al declarar “innecesario” el inmueble y si gestionó medidas para reducir el riesgo que implicaba desprenderse del predio sin una transición ordenada ni presupuesto asignado.

Advertencias desde el Congreso y expertos en ciberseguridad

La polémica escaló también en el ámbito legislativo. La diputada Agustina Propato, integrante de la Comisión de Defensa, cuestionó la decisión de catalogar como “innecesario” un edificio que sostiene funciones esenciales para el sistema de defensa nacional.

Especialistas consultados por Ámbito plantearon dos dudas centrales:
—¿se calcularon los costos y riesgos operativos del traslado antes de autorizar la venta?
—¿se verificaron las vulnerabilidades que podrían abrirse durante la mudanza y cómo mitigarlas?

Un área que protege la infraestructura crítica del país

El Comando Conjunto de Ciberdefensa nació el 14 de mayo de 2014, durante la gestión de Agustín Rossi, para custodiar la infraestructura digital crítica, los sistemas de comunicación y los activos estratégicos del Estado. El organismo actúa en un terreno donde hoy se libra una parte decisiva de los conflictos globales: el ciberespacio.

La denuncia instalada en la PIA reavivó un interrogante que atraviesa a las Fuerzas Armadas, al Congreso y al sistema político: qué pasa cuando el Estado decide desprenderse de una pieza clave de su arquitectura de seguridad a cambio de ingresos inmediatos.

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