El plan de Javier Milei para “modernizar” las relaciones laborales terminó mostrando su verdadero rostro: menos derechos, más despidos y un crecimiento sostenido del empleo en negro. Los datos oficiales confirman que la informalidad alcanzó el 37,7%, mientras el trabajo privado registrado se redujo desde diciembre.
El Ejecutivo promovió la llamada Ley Bases como una herramienta para incorporar a los trabajadores no registrados al sistema formal. Sin embargo, sus principales artículos eliminaron las indemnizaciones agravadas por falta de registración y suavizaron las sanciones a los empleadores. En los hechos, la reforma benefició a las patronales y legalizó la precariedad.
Los números son elocuentes. Entre el cuarto trimestre de 2024 y el segundo de 2025, los asalariados informales pasaron del 36,1% al 37,7%. En el mismo período, el empleo privado cayó de 6.258.000 a 6.244.000 puestos. Lejos de incentivar nuevas contrataciones, las modificaciones laborales impulsaron despidos y abarataron costos para las empresas.
A esto se sumó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que otorgó amplios beneficios a los empleadores. La norma incluye el perdón de entre el 70% y el 90% de la deuda por aportes impagos, la condonación de multas y la extinción de la acción penal para quienes evadieron contribuciones. Un verdadero indulto empresarial disfrazado de incentivo laboral.
La tendencia no sorprende: las reformas de corte liberal ya demostraron su fracaso en otras épocas. Entre 1986 y 2003, tras la aplicación de las leyes 24.013 y 25.013, la informalidad subió del 26,9% al 49,4%. Recién con la recuperación económica de los años posteriores se redujo al 32,5% en 2015, hasta volver a escalar con la actual política económica.
El relato oficial insiste en que la flexibilización ayudará a “blanquear” empleos. Pero la experiencia y los datos demuestran lo contrario. Solo la reactivación económica logró mejorar los niveles de formalización, mientras la pérdida de derechos laborales consolidó un escenario de precarización creciente.
La política recesiva del Gobierno, combinada con la bicicleta financiera que impulsa Luis Caputo, paraliza la producción y golpea al sector industrial. El propio empresariado liberal comenzó a mostrar preocupación: incluso el presidente local de Mercado Libre pidió medidas proteccionistas ante el impacto de la apertura indiscriminada.
“La reforma laboral antiobrera que prepara Milei busca profundizar esta línea de explotación, deprimiendo las condiciones y derechos generales de los trabajadores y, como la historia lo demuestra, sin ninguna expectativa en crear y/o formalizar empleos”, advierten sectores sindicales y de trabajadores organizados.
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