La educación pública enfrenta un nuevo golpe presupuestario. Según el informe “Presupuesto educativo nacional 2026” elaborado por Argentinos por la Educación, el Gobierno de Javier Milei destinará apenas el 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI) al sistema educativo. El porcentaje equivale a la mitad de lo que el Estado invertía en 2015 y confirma una tendencia de caída que atraviesa toda la gestión libertaria.
El proyecto de Presupuesto 2026 prevé un leve incremento nominal de recursos, pero el gasto total continúa lejos de los niveles alcanzados una década atrás. Desde 2015, cuando el financiamiento educativo llegó al 1,59% del PBI, el retroceso fue constante: cayó al 0,86% en 2024, bajó al 0,73% en 2025 y recién subiría unas décimas el próximo año.
Además, el Ejecutivo impulsa la eliminación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 fijaba como meta una inversión mínima del 6% del PBI entre Nación y provincias. La iniciativa generó preocupación entre especialistas y docentes, que advierten que suprimir ese piso legal dejaría a la educación aún más expuesta al ajuste.
Cómo se reparte el presupuesto 2026
De acuerdo con el relevamiento del equipo integrado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal, la Secretaría de Educación figura entre las áreas con mayor incremento de fondos para 2026, con una suba nominal del 17,9% frente al año anterior. Sin embargo, la mejora real sería mínima: apenas 3,6% con la inflación oficial o incluso 0,1% si se toma la estimación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).
La mayor parte de los recursos —un 77%— se concentrará en el programa de Desarrollo de la Educación Superior, mientras que el Plan Nacional de Alfabetización absorberá el 9,2% y las becas estudiantiles el 5,8%. Solo el 14,6% del presupuesto total de la Secretaría irá a programas de educación obligatoria o superior no universitaria.
Dentro del Plan de Alfabetización, el 82,1% de los fondos se orientará a extender la jornada escolar, dejando en segundo plano la formación docente y la producción de materiales. Este cambio de prioridades genera inquietud en el sector educativo. Para el especialista Jorge Lo Cascio, “la caída muy fuerte de la inversión en infraestructura y equipamiento (-63% en términos nominales) profundiza las desigualdades educativas y limita las posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde con los umbrales de ciudadanía del siglo XXI”.
Provincias en retroceso y consenso en crisis
El informe también advierte que el gasto nacional representa apenas un cuarto del presupuesto educativo público, mientras que el resto depende de las provincias. Aunque no hay datos oficiales recientes, se estima que los gobiernos provinciales también recortaron recursos, sobre todo en los salarios docentes.
Javier Curcio subrayó que “es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación, con la legitimidad que otorga la aprobación parlamentaria. Reglas claras, previsibilidad y un acuerdo federal que reinstalen el compromiso del país con la educación y la ciencia”.
En la misma línea, el economista Santiago Bulat señaló que “el foco debe estar en articular Nación con Provincias, porque los problemas educativos empiezan desde las edades más tempranas”.
El debate sobre el piso del 6%
El intento oficial por derogar el piso legal de inversión reabrió la discusión sobre el rol del Estado en la educación. Para Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, “eliminar el piso de inversión es positivo, porque distrae la atención de los déficits de gestión”. En contraste, Eduardo Amadeo sostuvo que “el Presupuesto 2026 muestra una clara opción política por la educación” y pidió “aprovechar la coyuntura para impulsar cambios estructurales consensuados”.
Desde otra perspectiva, Juan Ignacio Doberti planteó que “el informe expone la consolidación del desfinanciamiento educativo que se dio en 2024 y 2025. De este modo, el Estado nacional restringe su rol a un magro sustento económico de las universidades nacionales y deserta del sostenimiento de la mayoría de los programas para la educación básica en aspectos tales como la infraestructura, la formación docente, la innovación tecnológica o la provisión de computadoras”.
El ajuste proyectado para 2026 consolida así un modelo que reduce al mínimo la presencia del Estado en la educación, en un país donde los docentes y los alumnos siguen esperando un compromiso federal que devuelva a la escuela pública el lugar que alguna vez tuvo.
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