En septiembre el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la designación y prórroga en el cargo de más de 200 funcionarios. En total, se oficializó la designación de más de 80 nuevos puestos y se alargó el contrato para casi 120, la mayoría por un plazo de 180 días.
El día con más designaciones fue el 10 de septiembre: se incorporaron al Estado 15 nuevos empleados con rangos de coordinación o dirección en diferentes ministerios y con sueldo acorde a la responsabilidad, aunque 51 (más del 25%) de estos nuevos funcionarios o cargos prorrogados, según el relevamiento de este medio, están autorizados a cubrirlos de manera excepcional, “por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios”. Esto es, en definitiva, que están exceptuados de cumplir con las calificaciones mínimas como un título universitario o experiencia en el área que van a dirigir.
A la par, el Gobierno inició una serie de exámenes de idoneidad para los empleados públicos que no son funcionarios. El Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado que dirige Federico Sturzenegger informó en su página web que, de los más de 47 mil trabajadores que lo rindieron, el 93,8% lo aprobó. El examen, explican, “es un hito histórico en la calidad del empleo en la Administración Pública Nacional” y tiene como objetivo “fortalecer el empleo público mediante una evaluación de conocimientos y competencias”.
Aun así, lejos de crecer por el alto nivel de exámenes aprobados, los puestos de empleo cayeron considerablemente. Según el último reporte de dotación de personal que elabora el Indec, desde la llegada de la actual gestión se perdieron 57.621 puestos de trabajo en el sector público nacional, lo que representa una caída del 16,8%. Solamente entre julio y agosto (de acuerdo con los últimos datos disponibles) se perdieron más de 1900 puestos de empleo.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó esta información y concluyó que, en términos absolutos, los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. “En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración descentralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo”, explicaron.
En el análisis por empresa destacaron el caso del Correo Argentino, “que encabeza el listado con 5.063 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.116 cesantías, y Banco Nación, con 1.968 despidos, mientras que el Aerolíneas Argentinas registra 1.782 desvinculaciones”.
El recorte más drástico, sin embargo, se dio en la ex Télam, donde se despidió al 80% del personal.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, detallaron, “el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.148 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la CONICET, con 1.716 despidos, y el ANSES, con una reducción de 1.532 trabajadores”.
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