El proyecto de Presupuesto 2026 que presentó Javier Milei encendió una fuerte alarma entre jubilados y pensionados. La partida destinada al pago de sentencias por juicios previsionales cayó de los $390.050 millones que figuraban en el texto del año pasado —que nunca llegó a aprobarse— a $212.288 millones. La reducción es del 45% en valores nominales y, si se descuenta la inflación, la poda real se acerca al 60%.
El recorte llega en un contexto de conflicto creciente. Cada miércoles, jubilados se concentran frente al Congreso para reclamar por los fallos que siguen sin cumplirse. Según estimaciones de la ANSeS, existen unos 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 ya tienen sentencia firme que debería abonarse en un plazo de 120 días. Sin embargo, la propia agencia admite que solo paga lo que el Presupuesto habilita, lo que equivale a unas 35.000 o 40.000 resoluciones al año.
En julio, la ANSeS decidió dividir el pago de retroactivos del ajuste mensual de haberes, privilegiando los aumentos corrientes y dejando en suspenso los montos acumulados, que aún no tienen fecha cierta de cancelación. Los abogados previsionales señalan que, además de las demoras, muchos cálculos se liquidan mal, lo que obliga a iniciar nuevos juicios o embargos sobre las cuentas del organismo.
Los fallos de la Corte Suprema —entre ellos los casos Badaro, Elliff y Lucio Blanco— fueron los que dispararon la mayor parte de las demandas, al establecer criterios de actualización que beneficiaban a los jubilados. En los últimos años se sumaron nuevos reclamos, como el del caso Fernández Pastor, donde la Justicia declaró inconstitucional el aumento del 5,71% otorgado en marzo de 2018 bajo la fórmula de movilidad del macrismo.
La crisis previsional no solo se explica por las sentencias pendientes. Hay miles de demandas por quita de pensiones por discapacidad, descuentos de Ganancias sobre jubilaciones y topes en los haberes más altos, además de los recursos que cuestionan las fórmulas de movilidad de los últimos gobiernos. Distintas cámaras federales ya declararon inconstitucional la aplicada entre 2021 y 2024 y ordenaron compensar la pérdida acumulada, algo que el Gobierno todavía no reconoce.
Mientras tanto, el bono de hasta $70.000 para quienes cobran la mínima sigue congelado desde marzo de 2024 y los haberes medios y altos no recibieron ningún refuerzo, a pesar de que en los últimos cinco años acumularon una pérdida mucho mayor frente a los salarios activos.
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