La Cámara Nacional Electoral (CNE) dejó afuera a Cristina Fernández de Kirchner del padrón electoral, al revocar la resolución que en julio le había permitido mantenerse habilitada para sufragar en las legislativas del 26 de octubre. La decisión judicial, que se presenta como un mero trámite administrativo, reabre la polémica sobre el alcance de las condenas judiciales y el derecho al voto.
El tribunal se apoyó en dos argumentos para justificar su postura: que la jueza federal de Río Gallegos, Mariel Borruto, actuó “de oficio” sin que la propia expresidenta lo pidiera, y que no se evaluó en detalle el tipo de condena que pesa sobre ella en la Causa Vialidad. Sin embargo, la medida deja un antecedente inquietante: una persona puede quedar sin posibilidad de votar aun sin haber solicitado su inclusión, algo que en los hechos equivale a un cercenamiento de derechos políticos.
El fallo vuelve a instalar un debate de fondo. ¿Hasta dónde puede llegar la Justicia en la interpretación de las condenas? En el caso de Cristina, la inhabilitación dictada en la causa por la obra pública se refiere a ocupar cargos, no a votar. El tribunal, al anular la resolución inicial, terminó ampliando de hecho el alcance de esa condena.
Aunque la CNE insiste en que se trató de una resolución estrictamente procesal, el trasfondo político es evidente: la figura de la exmandataria queda excluida de los comicios, en un año donde el kirchnerismo busca sostener presencia parlamentaria frente al avance libertario.
La decisión no cambia el escenario electoral inmediato, pero sí refuerza la idea de que la Justicia interviene con un sesgo particular cuando se trata de Cristina Kirchner. Y deja flotando una pregunta incómoda: ¿la independencia judicial puede sostenerse cuando el resultado siempre parece ir en la misma dirección?
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