Por Romina De Luca[*]
Como ya es noticia pública, la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el pasado 22 de agosto. El veto llegó en la antesala del día del maestro, todo un síntoma de las prioridades en la agenda gubernamental. Un proyecto de ley muy básico que busca “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas” de todo el país. El gobierno no tuvo mejor argumento que, al igual que con la Ley emergencia para la salud pediátrica y para la discapacidad, sostener que quebrarían al Estado, argumento que aparece en el medio de sucesivas denuncias de sobreprecios y coimas en las compras estatales. Ninguna de estas leyes está fundada en “sospechas” sino en realidades. Para el caso de las universidades, funcionan desde 2024 con el presupuesto congelado votado en 2022 para 2023. Así las cosas, el presupuesto de este año solventa el 50% de los gastos de funcionamiento. Pese a que se destinaron algunas partidas extraordinarias, sobre todo luego de la gran marcha universitaria de abril de 2024, el estado es crítico. Solo entre 2023 y 2024, el recorte del gasto de la Administración Pública Nacional fue del 42%.
El proyecto de ley era, más bien modesto: asegurar los gastos de financiamiento (salarios, infraestructura, hospitales, entre otros) y de funcionamiento. Esto implica apoyo al sostenimiento de los ingresantes y de las trayectorias de las y los estudiantes, garantizar condiciones laborales y salariales para las y los trabajadores de las universidades, ampliar la oferta de carreras estratégicas, profundizar extensión e investigación, recomposición salarial no menor a la inflación determinada por el INDEC, un fondo de diez mil millones de pesos actualizable para el desarrollo de carreras estratégicas y ampliación de las becas universitarias. Para cumplir con esta Ley se prevé un aumento del presupuesto destinado a educación universitaria progresivo que alcance el 1,5% del PBI en 2031. Se trata del mismo porcentaje que Chile y Brasil destinan a su circuito universitario, muy por debajo de países como Estados Unidos, Canadá y Australia que superan el 2%. Vetarlo implica, objetivamente, cercenar el acceso a la educación universitaria que se empuja al borde del colapso.
El ajuste al presupuesto universitario desde el ascenso de Milei tiene magnitudes feroces: en 2023, el presupuesto como porcentaje del PBI era 0.72%, en 2024, 0,53% y, en 2025, 0,50%. Conviene recordar que, en 2005, el presupuesto como porcentaje del PBI se ubicaba en 0,54% y el de 2024 equivale al porcentaje destinado en 1993.
Estos números cobran relieve si se los compara con el crecimiento de la matrícula, una conquista de la gratuidad para la clase obrera que puede aspirar a ingresar en estas altas casas de estudios superiores. Incluso, el 18% de la población del decil más pobre cursa estudios universitarios centralmente en las universidades del Conurbano. La pregunta para hacerse es si el presupuesto acompañó esa masificación. En 1990, la matrícula de grado era de 679.403 estudiantes, diez años después, 1.124.044. Sin embargo, el presupuesto solo se movió de 0,53% en 1993 a 0,61% en el 2000. La mayor expansión en el presupuesto universitario se da entre 2004 y 2012 cuando alcanza su valor más alto (1%). Sin embargo, a partir de ese año, inicia una caída que alcanza su punto más bajo en 2019 con 0,69% del PBI. Durante el gobierno de Alberto y Cristina, el PBI destinado a educación osciló entre 0,76%, 068% y 0,72%, es decir, valores similares a los de 2009. En la evolución del presupuesto universitario se observa una tendencia similar a la del gasto educativo que analizamos en otra nota. El feroz ajuste no debería borrar nuestra memoria histórica porque entre 2004 y 2024, la matrícula pasó de 1.293.489 a 1.902.935 en 2015, a 2.318.255 estudiantes de grado en 2020, a 2.5672.251 en 2024. En veinte años, la matrícula se duplicó y solo una parte del crecimiento del presupuesto acompañó ese proceso hasta 2012, expansión que acumulaba además, un crecimiento de a matricula universitaria entre 1990 y 2000 del 65% con un magrísimo aumento presupuestario.
En este cuadro es casi un milagro eso que llamamos “orgullo UBA” por mencionar un solo lema. Por más de once años, la UBA se ubica entre los primeros cien lugares del ranking internacional QS quienes destacaron su “duradera reputación como la principal institución del país, altamente valorada tanto por los empleadores internacionales como por los académicos”. La Plata, Córdoba, Rosario y Litoral también se destacan en la región.
En general, quienes elaboran esos parámetros concluyen que nuestras universidades podrían estar más arriba en esos podios si tuvieran un sistema con mayor articulación docencia e investigación. Una realidad que se choca también con el ajuste en Ciencia y Técnica y con la realidad laboral del promedio de la docencia universitaria.
En efecto, el 70% de la planta docente tiene dedicación simple y la caída salarial real acumulada desde 2023 es del 30%. Un titular de cátedra, con dedicación simple, percibe un salario de bolsillo con máxima antigüedad de $591.446,87 y un ayudante de primera, al iniciar su labor, $180.560,56 en junio de 2025. El 17% tiene dedicación semiexclusiva lo que implica que un titular puede tener un salario que oscila entre $645.226,12 y $1.182.914,56 de mínima a máxima antigüedad. Son pobres. Por eso, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó que el 70% de los salarios de sus docentes eran de pobreza. La estructura contractual de las dedicaciones simples impide claramente el desarrollo de la investigación que queda reservado a pocos.
La pregunta que debemos hacernos es si el ahogo presupuestario permite mejorar este cuadro. La respuesta es clara: no. Que Milei no sea el único ajustador no lo libra de su carga en la historia. Seguramente, el veto como recuerdan algunas de las consignas de la Reforma del ’18 solo habla de “la insolvencia moral de los que lo ejercen”.
[*]Docente e investigadora. Coordinadora del área de Educación del CEICS. Militante de Vía Socialista.
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