El vínculo diplomático entre Argentina y Rusia sumó un nuevo capítulo de tensión. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntara contra la inteligencia de ese país por su presunta participación en escuchas ilegales dentro de la Casa Rosada.
En un comunicado oficial, la Cancillería del Kremlin fue categórica: “Se le informó al embajador de la Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones” de Bullrich, a las que calificó de “infundadas”, ya que “no tienen pruebas”.
Además, la cartera conducida por Serguéi Lavrov recordó que existe un Tratado de asistencia legal recíproca en materia penal entre Moscú y Buenos Aires, el cual establece un procedimiento de cooperación en este tipo de situaciones.
Desde Rusia remarcaron que los dichos de la funcionaria “no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen” entre ambas naciones. En ese mismo sentido, la nota diplomática agregó: “Moscú lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo”.
El Ministerio de Exteriores ruso también adelantó que espera de manera inmediata una respuesta de la administración de Javier Milei: “Confiamos en que recibiremos de la parte argentina una explicación detallada de las inaceptables declaraciones de la ministra lo antes posible”.
El trasfondo: las escuchas y el “coimagate”
El episodio estalló a partir de los dichos de Bullrich en Radio Rivadavia, donde sostuvo que el Gobierno denunció a personas vinculadas a exagentes de inteligencia rusos por la filtración de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado.
Si bien esos audios no revelaban información comprometedora, el conflicto se agravó con la difusión de otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Allí se lo escucha afirmar que Bullrich y su asesor Eduardo “Lule” Menem exigían coimas de entre el 3 y el 8% a laboratorios privados para otorgar contratos millonarios de provisión de medicamentos a hospitales y organismos públicos.
Desde Moscú interpretaron estas denuncias como un intento de trasladar la crisis interna argentina al plano internacional, motivo por el cual resolvieron trasladar formalmente su malestar a la representación diplomática local.
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