El Congreso le dio un golpe inédito a Javier Milei: por primera vez, un veto presidencial quedó sin efecto. El Senado de la Nación decidió insistir con la ley de emergencia en Discapacidad, ignorando la advertencia del Presidente de llevar la norma a la justicia. Desde la oposición anticipan que la amenaza podría no prosperar.
La votación terminó 63 a favor y 7 en contra. Los votos negativos provinieron casi en su totalidad del bloque de La Libertad Avanza (LLA), con la excepción de Vilma Bedía, ausente, y de dos aliados del oficialismo: Cármen Álvarez Rivero, senadora del PRO alineada con Milei, y Francisco Paoltroni, expulsado del bloque oficialista pero parte de una alianza electoral en Formosa.
Los mismos siete más Bedía habían impedido previamente la habilitación del debate, que requería dos tercios de los presentes. En los pasillos del Senado, un día antes de la sesión, el oficialismo daba por descontada la derrota: «Ya está», comentaban.
Desde el PRO y la UCR aseguraron que no hubo intentos serios de revertir el resultado ni por la bancada oficialista ni por la Casa Rosada. Tampoco se registró presencia de funcionarios del Ejecutivo en el Congreso.
Milei había adelantado que recurriría a la justicia si el Parlamento no respaldaba su veto. Desde LLA reconocen el anuncio pero desconocen los detalles. «Ganaría tiempo, pero la justicia no va a ir sobre el Congreso, sobre todo si no atenta contra ninguna ley», consideraron desde un bloque opositor cercano al Ejecutivo. Otra bancada agregó: «La magia que le queda es la reglamentación».
Un vocero de Unión por la Patria dijo a El Destape: «Milei no puede judicializar y lo sabe», recordando que en 2020 la Corte Suprema respaldó a Cristina Kirchner para sesionar de forma remota durante la pandemia, argumentando que no interferiría con las facultades de otro poder del Estado.
La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala, presidente Provisional del Senado, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos.
Tensiones y denuncias en el debate
El debate legislativo estuvo marcado por la polémica sobre presuntas coimas de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
«Primero vetó a los discapacitados en forma despiadada y dijo que arruinaban su equilibrio fiscal ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Que deje de robar un poquito Karina y ya está», disparó José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria, llamando al electorado a «tronar el escarmiento» contra los Milei en las elecciones.
Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO, sostuvo: «Si se confirma lo que se está sospechando es un escándalo de un gobierno que dice que no tiene plata para los discapacitados, pero sí para la coima».
José María Carambia, de Por Santa Cruz, advirtió: «Le voy a asegurar al Presidente; si no cumple la ley, soy el primero en pedirle juicio político».
Desde la UCR, Eduardo Vischi explicó que el Senado buscaba «decirle al Poder Ejecutivo que, ante los dilemas que existen en la administración pública, hay prioridades que hay que atender». Pablo Blanco cuestionó los argumentos oficiales sobre supuestas irregularidades en la entrega de pensiones: «La función del Gobierno es corregir las cosas que están mal y para eso hay que trabajar y dedicar horas hombre y respetar la dignidad de la persona humana. No son distintos porque nacieron diferentes; al contrario, porque necesitan el apoyo de la sociedad».
Los únicos defensores del veto en el Senado fueron Paoltroni y Álvarez Rivero. La cordobesa desafió a la oposición: «¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?»
La ley y sus alcances
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderse un año más. El proyecto actualiza las prestaciones arancelarias desde diciembre de 2023 según la inflación y establece la indexación automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al índice del INDEC.
Milei oficializó su veto el 4 de agosto, pero la insistencia del Congreso ya había contado con la aprobación de Diputados el 20 de agosto, con 172 votos a favor y 73 en contra. El proyecto había sido redactado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y aprobado en la Cámara baja el 5 de junio y en el Senado el 10 de julio, sin rechazos.
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