El Gobierno evalúa cerrar las cajas jubilatorias provinciales como parte de una reforma previsional destinada a achicar gastos, unificar criterios y encarar un sistema más equitativo.
De acuerdo a iProfesional, el informe que revisa el ministro de Economía, Luis Caputo —elaborado por el CIPPEC— señala que los regímenes especiales, entre los cuales se incluyen las cajas provinciales, concentran el 55 % del gasto previsional, lo que equivale a casi un 4,8 % del PBI. Si se lograra suprimirlos, podría reducirse a la mitad el costo del sistema jubilatorio actual.
El diseño actual del sistema se ve atravesado por una marcada fragmentación: los regímenes de excepción —como oficiales de fuerzas armadas, seguridad, cajas profesionales y provinciales, pensiones no contributivas y otras— atienden al 40,3 % de los 9,7 millones de beneficiarios, pero implican más de la mitad del gasto. Al mismo tiempo, el régimen general cubre casi el 60 % de los beneficiarios, con menos del 50 % del gasto.
El informe critica la inequidad y el costo financiero del sistema: mientras provincias y cajas especiales ofrecen requisitos más flexibles o condiciones más generosas, ello genera privilegios injustificables y tensiones fiscales difíciles de sostener. El documento describe el sistema como “caro, injusto e ineficiente.”
En ese contexto, las cajas provinciales destacan por su carácter fragmentario y por operar fuera del régimen general administrado por ANSES. Esto complica tanto la armonización de criterios como la distribución equitativa de recursos, amplificando desigualdades entre jubilados.
La propuesta del CIPPEC que llega al despacho de Caputo contempla dejar de crear regímenes especiales, decidir cuáles —si los hay— deben mantenerse con financiamiento claro, y eventualmente homogeneizar el sistema bajo una sola administración —ANSES—.
Este enfoque se inscribe además en un contexto de ajuste fiscal y de exigencias de sostenibilidad, con objetivos de racionalización del gasto y mayor equidad. La propuesta prevé, entre otras medidas, que la edad jubilatoria aumente gradualmente, sin comprometer derechos adquiridos.
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