Tras una colocación que no logró renovar la totalidad de los vencimientos, el ministro de Economía, Luis Caputo, intensificó su estrategia de financiamiento obligando a los organismos del Estado a colocar sus excedentes en bonos soberanos. La medida, que se formalizó esta semana con una nueva resolución, se suma a las maniobras para captar liquidez en un contexto en el que se agotan las fuentes tradicionales de crédito.
La resolución 62/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece un mecanismo de control y reporte para todas las empresas y dependencias públicas, que ahora deberán informar mensualmente el detalle de su flujo de fondos y de sus tenencias en cuentas bancarias, caja e inversiones financieras. A partir de esos datos, el Tesoro definirá cuánto de ese dinero podrá absorber para cubrir sus necesidades.
Este nuevo paso había sido anticipado en junio, cuando un decreto que modificaba el Presupuesto introdujo un artículo que obligaba a los entes estatales a participar de las licitaciones del Tesoro con sus excedentes transitorios de liquidez. Según ese texto, esas inversiones no deben interferir con las funciones propias de cada organismo.
La urgencia por conseguir pesos
La jugada de Caputo se produce luego de una floja recepción en la licitación del martes, en la que el Ministerio de Economía intentó renovar casi $12 billones y solo consiguió cubrir poco más de $9 billones, pese a haber ofrecido rendimientos extraordinariamente altos.
Con el telón de fondo del desarme de las LEFI —los instrumentos con los que el Gobierno había absorbido pesos en los últimos meses—, la Secretaría de Finanzas debió convalidar tasas de hasta 65% anual. La presión de los bancos y los temores por el corto plazo llevaron a Economía a aceptar esos niveles, muy por encima de una inflación proyectada inferior al 20% anual.
“No queremos que sobren pesos en el mercado”, se justificó en redes sociales el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, frente a las críticas que surgieron incluso desde sectores del oficialismo. Economistas alertaron por el costo creciente del endeudamiento en moneda local, mientras el Gobierno espera con ansiedad un desembolso de US$2.000 millones del FMI y avanza con privatizaciones para robustecer las reservas.
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