Un informe privado analizó el impacto actual de la Ley de Teletrabajo en un contexto laboral en transformación. El estudio señala que, pese al retorno progresivo a las oficinas, una mayoría significativa de trabajadores argentinos —el 67%— no estaría dispuesta a aceptar un aumento en la presencialidad y cambiaría de empleo si se lo obligara a hacerlo. En el sector empresarial, en tanto, crece el desafío de sostener la productividad sin abandonar la flexibilidad.
La investigación, realizada por la consultora Michael Page, relevó percepciones tanto del ámbito corporativo como del personal calificado. La ley 27.555, sancionada el 30 de julio de 2020 en plena pandemia, brindó un marco jurídico clave para ordenar el trabajo remoto, contemplando derechos como la desconexión digital y la provisión de equipamiento. Hoy, ya lejos del contexto sanitario que la justificó, la norma sigue vigente, pero enfrenta desafíos frente a un esquema que se volvió híbrido y más complejo.
Francisco Scasserra, director de Michael Page, explicó que “cinco años después de la Ley de Teletrabajo, el hecho de que exista un marco legal que protege al colaborador y ofrece claridad a las empresas es motivo de celebración. Pero también debe reconocerse que hay reglas del juego que variaron y siguen cambiando”.
En este escenario, muchas compañías adoptaron esquemas mixtos. Un 67% de las empresas argentinas ya ofrece alguna modalidad híbrida, mientras que un 42% de los trabajadores afirma desempeñarse mejor desde su casa. Sin embargo, no hay una visión unificada sobre la productividad: el 46% de los empleadores cree que el rendimiento se mantiene constante sin importar la modalidad, y un 33% incluso sostiene que mejora en el ámbito presencial.
Control, confianza y métricas: el nuevo campo de disputa laboral
La dificultad para evaluar el rendimiento remoto sigue siendo uno de los puntos críticos. Scasserra remarcó que “las organizaciones muestran una evidente dificultad para medir resultados en el trabajo remoto, lo que desgasta la confianza”. Aunque algunas tareas permiten establecer métricas precisas, otras más cualitativas —como las que dependen del vínculo humano o el criterio profesional— generan incertidumbre entre empleadores.
Este desgaste se refleja en el clima interno: sólo un 5% de los empleados dice tener una confianza plena en su empresa, mientras que un 58% asegura sentirse vigilado o al menos duda de si está siendo monitoreado.
En paralelo, el derecho a la desconexión digital enfrenta una aplicación desigual. Los puestos jerárquicos son los más expuestos a demandas fuera de horario: “Hay decisiones importantes que quienes ocupan estas posiciones tienen que tomar indeclinablemente durante el día”, reconoció el directivo de la firma.
El modelo de trabajo híbrido, que al principio se vio como un paliativo temporal, se consolidó como una nueva normalidad. Pero esa flexibilidad, según advierten desde el sector privado, tiene costos. “Hoy el modelo híbrido y la flexibilidad laboral están monetizados, lo que implica que las compañías deben contemplar una inversión por exigir asistencia presencial frecuente. A eso se suman otros costos laborales, como el transporte, que es ofrecido por muchas organizaciones para diferenciarse”, apuntó Scasserra.
De cara al futuro, las empresas deberán apuntar a estructuras que garanticen objetivos claros y medibles, en un contexto donde el equilibrio entre productividad y libertad laboral se volvió clave. “Es clave que las empresas se enfoquen en generar estructuras donde existan objetivos concretos y medibles, y que se trabaje en pos de ellos. Eso posibilita desarrollar y fortalecer relaciones de confianza, a la vez que sostener la flexibilidad como una ventaja competitiva real”, concluyó el especialista.
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