Estafa cripto: denunciaron que Milei actuó de manera planificada en el caso Libra

En medio de un escándalo internacional por el colapso del token LIBRA, una demanda colectiva en Estados Unidos apunta directamente contra el presidente Javier Milei por haber difundido un mensaje “altamente engañoso” que habría contribuido a legitimar el proyecto cripto frente a miles de pequeños inversores.

La acusación forma parte de una presentación judicial que busca extender el congelamiento de más de 57 millones de dólares vinculados al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, principal impulsor de $LIBRA. Según el escrito, la intervención del mandatario argentino no habría sido accidental, sino “estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental en el momento del lanzamiento del token”.

El planteo lo hicieron los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin ante la jueza federal Jennifer Rochon, a cargo del expediente que tramita en Manhattan. Los demandantes sostienen que “decenas de miles de consumidores razonables fueron engañados” tras el posteo de Milei en redes sociales, el 14 de febrero pasado.

Si bien la causa no compromete de inmediato al jefe de Estado argentino, el escrito deja abierta la posibilidad de futuras acciones legales contra él o incluso contra el propio Estado nacional. De prosperar la demanda civil, los damnificados podrían reclamar una compensación más amplia, según especialistas en derecho consultados en Estados Unidos.

El rol de Meteora, las billeteras cripto y la trama internacional

Además de Davis, la demanda también involucra a Benjamin Chow, vinculado a la plataforma Meteora, a quien señalan como pieza clave en la logística del fraude. “Los demandados no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia”, subrayaron los abogados. “Los demandados de Meteora colaboraron secretamente con los demandados de Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA, obteniendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas”.

El texto remarca el carácter internacional de la operatoria: los activos habrían sido movidos a través de múltiples billeteras virtuales en diferentes jurisdicciones, lo que, según los demandantes, refuerza la necesidad de mantener congelados los fondos. “La conducta inculpatoria de los acusados deja claro el riesgo inminente de un daño irreparable”, advirtieron.

Parte del reclamo se sustenta en que Davis prometió reinvertir la totalidad del dinero obtenido, pero utilizó parte de los fondos para reembolsar a un inversor en particular: Dave Portnoy, CEO de Barstool Sports. “Davis también se ha negado a ceder el control de los activos, ‘incluso si se trata de un tercero de confianza’, porque ha dicho que su ‘única ventaja es que tiene todo este dinero’”, subrayaron los letrados.

“Buscan lavar el dinero y girarlo a la Argentina”

En las últimas semanas, Davis presentó un escrito donde afirma su intención de transferir 500 millones de tokens $LIBRA a la Argentina, supuestamente con fines benéficos ligados a la causa “Viva La Libertad”. La defensa del empresario norteamericano asegura que con esa acción intentaba colaborar con el país y así cerrar la causa penal que avanza en Comodoro Py.

Pero para los abogados que representan a los inversores estafados, la maniobra forma parte de una estrategia para “lavar el dinero” y desviar la atención del foco judicial. “La propia conducta de los acusados —lavar el dinero a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, llamar explícitamente a los fondos congelados su ‘apalancamiento’ [para negociar] y ofuscar deliberadamente cualquier posibilidad de controlar la operatoria— demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se obtiene una medida cautelar”.

La presentación recuerda que “cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado con [$LIBRA], solicitamos las facultades de este Tribunal para preservar las ganancias de dicho fraude”.

En paralelo, Davis pidió trasladar el caso a un tribunal de Texas, alegando que no tiene vínculos con la ciudad de Nueva York. Sin embargo, los abogados Burwick y Hoppin se opusieron, argumentando que uno de los principales implicados reside en esa jurisdicción. “Las conexiones internacionales de los demandados demuestran un mayor riesgo de que transfieran los activos a entidades offshore organizadas en ubicaciones desconocidas”, alertaron.

Entre los países mencionados por los denunciantes figuran Vietnam, Panamá, Singapur, las Islas Vírgenes Británicas y Medio Oriente, lo que –a su criterio– justifica mantener bajo vigilancia estricta los fondos hasta que avance el juicio.

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