“La casta tiene miedo”, cantaba Martín Menem junto a los libertarios cuando Javier Milei asumió. Pero lejos de temerle, la casta menemista aprovechó el cargo que hoy ocupa como presidente de la Cámara de Diputados para ampliar la fortuna familiar que ya nació de la corrupción de los 90. En lugar de aplicar la famosa motosierra liberal, Menem aseguró contratos clave que implican un monumental costo fiscal: los argentinos sostienen con sus impuestos una red de servicios privados vinculada directamente a un círculo íntimo del funcionario.
Desde que asumió su nuevo rol institucional, Menem fortaleció un vínculo empresarial con el Estado a través de contratos adjudicados a Tech Security SRL, compañía vinculada a su familia. Según reportó La Nación, la empresa fue preadjudicada para cubrir seguridad en cinco edificios del Banco Nación, por casi $ 3.933 millones. Menem ostentó acciones hasta solo cuatro días antes de la asunción de Milei, cuando se las transfirió a su hermano Adrián, acusado de testaferro.
Poco después, el diario Perfil denunció la adjudicación como el resurgir de la corrupción menemista: “Volvió la corrupción de los 90”, tituló, destacando que el contrato permitió ganancias millonarias en plena gestión del oficialismo, gracias al apellido y la cercanía política.
Una investigación de Diagonales sumó más datos reveladores: Tech Security SRL ya cobró alrededor de $ 6.500 millones del Estado durante el gobierno de Milei en total, con contratos adicionales en el Hospital Favaloro (SAMIC) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Menem aún estaba vinculado a la empresa en el momento de las licitaciones.
Menem es familiar de segundo grado con los titulares actuales de Tech Security (sus hermanos Adrián y Fernando), lo cual despierta un grave conflicto de interés. El decreto 202/2017 obliga a declarar ese vínculo a la Oficina Anticorrupción; si no, el contrato debe ser suspendido y considerado de máxima gravedad. No hay constancia pública de que se haya cumplido ese requisito legal, precisó Mundo Poder.
Por otra parte, un socio de Martín Menem facturó más de $ 47 millones a OSPRERA, la obra social de peones rurales e intervenida por el Gobierno. La empresa contratada, HTECH Innovation SA, tiene un dueño, vinculado a él, Sergio Andrés Aguirre.
La sociedad se creó en abril de 2024, pero entre esa fecha y su primera factura, en noviembre, no tuvo movimiento. Sólo emitió el comprobante para el pago a una solo cliente, en este caso la obra social. En julio amplió su objeto comercial, en agosto el Gobierno decretó la intervención y recién en noviembre del año pasado, facturó $ 47 millones, destacó A24. Son las factura 0000001 y 0000002, una por asesoramiento y otra por servicios profesionales.
En reacción, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó la cobertura mediática como una “operación periodística” de baja relevancia, afirmando que Tech Security presta servicios al Estado desde hace años. Negó irregularidades y minimizó el escándalo como un intento de la prensa por desestabilizar. Sin embargo, el portavoz de Milei no presentó pruebas que desmientan este escándalo.
Estas operaciones demuestran cómo la lógica del Estado empresario opera incluso bajo un discurso abiertamente liberal. Detrás del «menos Estado» y «control de gasto» resurgen estructuras clientelares con fuerte influencia política, clásicos de la casta que tanto critican. El caso Menem exhibe todas las señales de un sistema que reproduce privilegios por decreto, en redes empresariales familiares donde convergen poder legislativo y negocios privados.
Contratos estatales vinculados a Martín Menem
| Empresa | Contratante | Servicio / Contrato | Monto |
|---|---|---|---|
| Tech Security SRL | Banco Nación | Vigilancia | $ 3.933 millones |
| Tech Security SRL | Hospital Favaloro | Vigilancia | $ 1.312 millones |
| Tech Security SRL | Superintendencia Riesgos del Trabajo (SRT) | Vigilancia | $ 30 millones |
| HTECH Innovation | OsPrERA (UATRE) | Chatbot | $ 47 millones |
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