Mientras la ministra Patricia Bullrich promociona nuevas estructuras para el espionaje interno, las fuerzas armadas y de seguridad atraviesan una sangría sin precedentes: más de 2200 efectivos presentaron su renuncia voluntaria en lo que va de 2025. El dato surgió de la Comisión Bicameral de Seguridad Interior del Senado y encendió las alarmas dentro del Congreso, que ahora planea una investigación formal sobre las condiciones laborales, los salarios y el deterioro de la obra social Iosfa, responsable de la cobertura médica del personal activo y retirado.
Las cifras oficiales, correspondientes al primer semestre del año, revelan el deterioro interno de un sistema que Bullrich se niega a mostrar: 257 bajas en el Ejército Argentino, 234 en la Armada, 193 en la Fuerza Aérea, 386 en Gendarmería, 322 en Prefectura, 412 en la Policía Federal, 177 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y 292 en el Servicio Penitenciario Federal.
Detrás del número impactante se esconde un fenómeno que lleva años gestándose, pero que este año se intensificó: los efectivos denuncian sueldos congelados, condiciones insalubres y una obra social colapsada. «Todavía no hicimos un pedido de informes formal, pero estamos trabajando en eso. Queremos tener una mirada más precisa, porque hay malestar y se refleja en todas las provincias», admitió el senador misionero Enrique Goerling, quien encabeza la comisión que ahora busca formar una subcomisión especial para abordar la emergencia.
Una muerte que expuso el abandono
En julio, un caso trágico puso rostro a la crisis: el suboficial escribiente Alejandro Tijerina, conocido como Mustafá, se suicidó dentro del Hospital Churruca, donde debía recibir atención médica. La información fue difundida por la radio web Frecuencia Azul, un medio autogestionado por personal retirado de las fuerzas, que viene denunciando desde hace meses el colapso del sistema.
Tijerina había formado parte de la custodia de Carlos Menem y de la familia Fortabat, pero terminó sus días esperando una atención médica que nunca llegó. Según sus compañeros, el hospital no quiso internarlo pese a su delicado estado de salud. “Fue el resultado de un sistema que enferma, abandona y descarta a sus servidores públicos. Muchos camaradas se sienten solos, hay desatención médica, burocracia sin alma, derivaciones tardías, abandono psicológico”, relataron en ese medio.
Iosfa, en la mira
El eje de la mayoría de las renuncias pasa por Iosfa, la obra social de las fuerzas armadas y de seguridad que debería garantizar cobertura a más de 600.000 personas. Las denuncias incluyen cortes en la atención, suspensión de estudios médicos, atrasos en pagos a clínicas, falta de medicamentos y demoras en las derivaciones. Todo esto, pese a que los aportes mensuales de los efectivos oscilan entre 100.000 y 300.000 pesos.
Los problemas se agravan fuera del Área Metropolitana, donde los prestadores de salud directamente abandonaron la cobertura, dejando sin atención a los afiliados de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario Federal en varias provincias.
Desde el Congreso se anticipa que la bicameral podría transformarse en una suerte de “observatorio de las policías provinciales”, con la idea de canalizar conflictos internos, denuncias por maltrato institucional y reclamos laborales. «Muchas veces, si no hay un espacio institucional para tratar estas cuestiones, el conflicto está asegurado», advirtió Goerling.
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