El gobierno de Javier Milei resolvió extender por una década más la concesión ferroviaria de cargas que opera Nuevo Central Argentino (NCA), una firma vinculada al grupo Aceitera General Deheza (AGD). A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte confirmó que NCA seguirá manejando la red carguera de la línea Mitre hasta diciembre de 2032, pese a que el contrato original venció a fines de 2022.
La decisión llegó mediante la Resolución 39/2025, firmada por el secretario Luis Pierrini. El texto no solo prolonga el negocio sin licitación, sino que también deja sin efecto la normativa anterior –la resolución 211/21– que había frenado nuevas extensiones y había ordenado que el manejo de la red ferroviaria pasara a Trenes Argentinos.
A pesar de haber sostenido durante años un modelo de concesión que fragmentó la red nacional y deterioró sus condiciones, la administración libertaria decidió avanzar con una prórroga que, según el propio texto oficial, no revierte los problemas estructurales del sistema. «Las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura (velocidad y ramales perdidos), y […] esa situación no puede ser corregida, ni siquiera atenuada, en el marco del esquema de concesionamiento integral y de fragmentación de la Red Ferroviaria Nacional en compartimentos estancos», admite la resolución oficial.
Un guiño a todo el sector concesionado
El beneficio no es exclusivo para NCA. El texto también invita a otras dos operadoras con contratos vencidos, Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), a presentar propuestas similares para adecuar sus convenios y así obtener prórrogas hasta 2032. En todos los casos, se contempla como punto de partida el vencimiento contractual original, es decir, diciembre de 2022.
Esta medida consolida un esquema que, desde su origen en los años ’90, ha sido cuestionado por su impacto negativo sobre la infraestructura y por haber puesto la rentabilidad por encima del interés público. De hecho, la empresa NCA mantendrá bajo su control las vías que también se utilizaban para el servicio de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez, un trayecto que el Gobierno suspendió en 2024 con el argumento de falta de material rodante.
Obligaciones mínimas, inversiones difusas
La resolución publicada este martes contempla la firma de un acta acuerdo con NCA, en la que se establecen posibles inversiones a futuro, aunque sin mayores precisiones. La empresa deberá presentar un plan, pero no tiene ninguna obligación concreta respecto al transporte de pasajeros ni sobre la modernización del material rodante para ese fin.
En otras palabras, mientras el servicio interurbano para localidades como Funes, Roldán, Correa, Carcarañá y San Gerónimo sigue sin funcionar, la prioridad del Gobierno vuelve a recaer sobre la operación privada del negocio ferroviario de cargas.
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