Por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei habilitó este martes un profundo cambio en la regulación del servicio de agua potable y cloacas, con el objetivo de abrirle las puertas a la privatización total o parcial de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Entre las modificaciones más polémicas figura la posibilidad de cortar el suministro de agua a quienes registren deudas.
El DNU 493/2025 —emitido bajo la Ley Bases sancionada en 2024— reemplaza más de un centenar de artículos del esquema normativo que regía desde 2006. La medida redefine las reglas de juego para la empresa estatal y otorga nuevas atribuciones a una eventual gestión privada, como comercializar excedentes y desconectar a los usuarios por falta de pago. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del nuevo régimen.
Según se desprende del texto oficial, la concesionaria podrá suspender el servicio “por falta de pago de una factura con una mora de como mínimo, SESENTA (60) y QUINCE (15) días para los Usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente, contados a partir de su segundo vencimiento». También se contempla la interrupción si se detectan “deficiencias en las instalaciones conectadas al sistema que perturben la normal prestación del servicio público u ocasionen perjuicios a terceros”.
La Casa Rosada justificó la medida en la situación económica del país y en lo que definió como un “deterioro operativo y financiero” de la empresa. Sostuvo que AySA recibió transferencias del Tesoro por 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023, sin que eso derivara en una mejora proporcional de su cobertura ni eficiencia. Con ese argumento, el Ejecutivo consideró necesario reestructurar el funcionamiento de la compañía y avanzar con su privatización.
Actualmente, el Estado conserva el 90% del capital accionario de AySA, pero el nuevo marco legal habilita su enajenación parcial o total bajo los términos de la Ley de Reforma del Estado 23.696. Para facilitar ese proceso, el decreto incorpora un “Plan Director de Mejora Estratégica” que establece prioridades de inversión en infraestructura y fija un período de transición de hasta cinco años tras la privatización, durante el cual se garantizará el equilibrio financiero del contrato.
Las modificaciones apuntan a garantizar la rentabilidad del negocio para los posibles inversores privados que quieran tomar el control de AySA. “La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que se establecen en el presente Marco Regulatorio”, indica el artículo 81 del decreto.
La reforma remite a los años ’90, cuando el modelo privatizador promovido por Carlos Menem incluyó la cesión del servicio de agua a compañías extranjeras, con fuertes cuestionamientos por aumentos de tarifas y fallas en el control ambiental.
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