Por decisión del presidente Javier Milei, el Gobierno avanzó con una profunda restructuración dentro de la Procuración del Tesoro de la Nación. A través del Decreto 475/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se suprimió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que funcionaba como espacio de formación para quienes integran el cuerpo jurídico de la administración pública. Además, se reordenaron cargos y se desplazaron trabajadores.
La medida afectó directamente a la estructura vigente desde 2020 y representa un nuevo recorte sobre el empleo estatal, bajo el argumento de “agilizar la operatividad y eficiencia” de la Procuración, organismo que responde al Ministerio de Justicia y está encabezado por Santiago María Castro Videla.
En lugar de la Escuela eliminada, se creó una nueva dependencia: la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), que asumirá tareas de capacitación y formación. El texto del decreto asegura que los cursos en marcha seguirán bajo supervisión del nuevo organismo y que los certificados ya emitidos conservarán validez. También se ordenó revisar y redistribuir todos los recursos materiales que estaban afectados a la institución disuelta.
Desde Casa Rosada justificaron el recorte con argumentos vinculados a la “reducción de costos”, la “optimización de recursos” y una supuesta mejora de la calidad institucional. Sin embargo, el ajuste llega en un momento sensible: en los últimos días surgieron versiones sobre posibles filtraciones vinculadas a la estrategia del Estado en juicios internacionales de alto impacto.
Consultado por la prensa al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó que haya vínculo entre las denuncias por filtraciones y los despidos. Antes de ingresar a La Rural, respondió con fastidio: “Déjense de joder”.
La reorganización implicó también la reasignación de funciones en cargos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con la eliminación de posiciones que el Ejecutivo consideró “obsoletas” y la incorporación de nuevas figuras jerárquicas para “una estructura más dinámica y menos burocrática”.
En paralelo, el decreto impone nuevas restricciones para quienes aspiren a formar parte del Cuerpo de Abogados del Estado. A partir de ahora, se exigirán perfiles específicos y evaluaciones técnicas para el ingreso.
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