La violencia machista no da tregua, y los datos lo confirman. A contramano del relato oficial que intenta justificar el cierre de programas destinados a la asistencia de mujeres en situación de vulnerabilidad, un informe reciente de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema de Justicia, registró un incremento del 9% en las denuncias durante el primer trimestre del año.
Los números, lejos de acompañar la idea de que «la ola de violencia está bajando», como sugieren desde la administración libertaria, muestran una realidad mucho más preocupante: 4.746 personas fueron atendidas por los equipos interdisciplinarios de la OVD entre enero y marzo, es decir, un promedio de 53 personas por día. El año pasado, el promedio había sido de 34.
Las presentaciones —que incluyen denuncias realizadas por las propias víctimas o por personas del entorno que tomaron conocimiento de los hechos— alcanzaron las 2.643, con un total de 3.331 personas afectadas. El 73% de ellas eran mujeres.
¿Quiénes son las víctimas?
El grupo más afectado fue el de mujeres adultas de entre 18 y 59 años, que representaron el 52% del total. En segundo lugar quedaron niñas, niños y adolescentes, que concentraron el 29% de los casos. La edad promedio de las víctimas menores fue de 9 años. También se registraron varones víctimas (10%) y personas mayores de 60 años (9%).
En cuanto a los tipos de violencia, se detectaron situaciones psicológicas, físicas, sexuales, ambientales y laborales. El informe no deja dudas: los vínculos de pareja —especialmente las exparejas— siguen siendo los más peligrosos. “El 74 por ciento correspondió a exparejas, el 22 por ciento a parejas convivientes y/o cónyuges, y el 4 por ciento a novios o novias”, detalló el documento.
¿Quiénes son los agresores?
Las personas denunciadas llegaron a 2.849, de las cuales el 71% eran varones, en su mayoría de entre 22 y 49 años, con una edad promedio de 40. El 38% no había terminado el secundario y el 30% estaba desocupado. También se registraron indicadores preocupantes: el 31% tenía consumo problemático de alcohol, el 29% de drogas, el 9% portaba armas y el 2% formaba parte de fuerzas de seguridad.
Medidas judiciales
La gran mayoría de los casos (99%) fueron derivados a la Justicia Nacional en lo Civil. También hubo intervenciones del fuero Penal y de organismos de protección de la infancia como el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño. A partir de esas derivaciones, la Justicia dictó al menos 8.694 medidas preventivas urgentes.
Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa recortando recursos destinados a la asistencia y prevención de las violencias de género. La decisión de desmantelar programas como el “Acompañar” o el cierre de áreas específicas del Ministerio de Mujeres contradice abiertamente la evidencia empírica.
La OVD —que funciona todos los días, las 24 horas— está integrada por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social y la medicina, que evalúan los niveles de riesgo y elaboran los informes para que la Justicia actúe con rapidez. Desde este espacio insisten en que el aumento de casos requiere más intervención estatal, no menos.
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