Un nuevo episodio de gravedad institucional golpea a la gestión de Javier Milei. Según trascendió desde la Casa Rosada, el Gobierno investiga una posible filtración de información clave sobre la estrategia judicial en el juicio por YPF, que habría beneficiado directamente a los fondos buitre que litigan contra el Estado argentino en tribunales de Nueva York. El escándalo ya provocó una ola de despidos en la Procuración del Tesoro, donde al menos 60 empleados fueron desplazados bajo sospecha.
El caso generó alarma en todo el aparato estatal. Aunque el Ejecutivo evitó dar detalles públicos sobre la información supuestamente entregada a Burford Capital —el fondo que litiga por el 51% de las acciones Clase D de YPF—, fuentes oficiales no descartan que haya existido una venta de datos confidenciales que habría impactado en la causa que tramita ante la jueza Loretta Preska.
En su resolución, el Gobierno encuadró los despidos dentro de un proceso de “reestructuración” para “fortalecer la eficiencia del organismo y readecuar su estructura”. Sin embargo, detrás de ese mensaje formal, se esconde una sospecha de traición a los intereses del país. La Procuración del Tesoro, dirigida hasta hace poco por Santiago Castro Videla —un hombre señalado como parte del círculo de confianza de Santiago Caputo—, fue el área apuntada por el supuesto acto de filtración.
El nombre de Caputo, estratega clave del oficialismo y figura central en las decisiones más sensibles del Gobierno, comenzó a resonar con fuerza luego de que se conociera que Castro Videla habría llegado a su cargo por recomendación suya. En el entorno presidencial no descartan una interna feroz en el manejo de la información judicial que expuso la vulnerabilidad del Estado ante un juicio millonario.
El episodio se da en un contexto en el que la Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó esta semana un pedido de la Argentina y suspendió temporalmente la entrega del paquete accionario de la petrolera, pero el proceso legal sigue abierto. En ese marco, cualquier maniobra que haya debilitado la posición del país en la disputa con Burford Capital adquiere una gravedad institucional mayúscula.
Las versiones que circulan en despachos oficiales aseguran que el objetivo de fondo de la purga en la Procuración no fue otro que desarticular una red interna que habría trabajado a espaldas del Estado nacional. Aunque por ahora no se conocen nombres de los posibles responsables, el Gobierno apuró lo que definió como un “recorte histórico de personal”, con una fuerte reducción de áreas técnicas.
Mientras el Ejecutivo intenta contener el escándalo y evitar una nueva crisis política, las miradas apuntan a la mesa chica libertaria y a la forma en que se tomaron decisiones clave en uno de los litigios más delicados de los últimos años. ¿Hubo colaboración interna con los demandantes? ¿Qué sabía Santiago Caputo? ¿Y quiénes se beneficiaron con la información? Por ahora, las respuestas siguen bajo siete llaves.
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