¿En qué se parecen las privatizaciones de Javier Milei y las de su mentor Carlos Menem? En nada. Mientras el riojano remató las grandes empresas estatales, Milei apenas pudo privatizar IMPSA, una industria de tecnología. De hecho, durante este gobierno se está dando una masiva retirada de las empresas del país y está bajando de manera marcada la inversión extranjera directa. Desesperado por el abandono de su tan mentado sector privado, esta semana Milei apoyó la decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska, que quiere hacerse del 51% de YPF, la empresa hidrocarburífera emblema del país, en un intento de reprivatización a fuerza de lawfare internacional.
En la larga historia argentina de privatizaciones, Milei, que se muestra como el más feroz defensor del sector privado, no logró hasta el momento privatizar casi nada. La primera ola neoliberal que cambió en profundidad el entramado productivo y financiero del país se llevó a cabo a sangre y fuego bajo la dictadura empresario militar en apenas siete años, pero no logró avanzar con la venta del patrimonio nacional. Si bien la dictadura dejó sentadas las bases para que uno de los países más tempranamente industrializados de América Latina dejara de ser tal, los militares no pudieron avanzar en la venta de las empresas nacionales. Se intentó privatizar la emblemática SIAM, pero no lo lograron.
Los gobiernos neoliberales se caracterizan por ser breves e inestables. Su lógica de valorización financiera requiere de ganancias rápidas y fugas aceleradas. De hecho, la dictadura duró apenas siete años. La excepción fue la llamada “larga década de los 90”, un periodo histórico que en rigor comenzó en la hiperinflación del 89 y terminó con el estallido social de 2001. Carlos Menem, de la mano de su ministro privatizador Roberto Dromi, remataron las históricas empresas nacionales, con el objetivo de obtener dólares para sostener la ficción del uno a uno, lo que que le dio al modelo menemista mucho más tiempo de sostenimiento económico y político.
Menem vendió empresas que pertenecían a sectores estratégicos, en particular el más codiciado: los hidrocarburos. Si bien se- privatizó todo bajo un discurso anti Estado, la mayoría de estas ventas terminaron en manos de los grupos económicos locales en comunidad de negocios con otros Estados, en su mayoría, europeos. La entrega más importante fue la de Yacimientos Petrolíferos Federales a la española Repsol entre 1992 y 1993. Le siguió Gas del Estado que fue desguazada en 10 empresas (dos transportistas y ocho distribuidoras), entre ellas Metrogas (también de Repsol), Gas Natural (también española). La empresa de electricidad, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), quedó en manos los franceses de Edenor, los chileno- españoles de Edesur y Edelap. Aerolíneas Argentinas fue vendida en 1990 al consorcio español Iberia, Ferrocarriles Argentinos concesionada a los grupos económicos locales como Ferrovías (Loma Negra), Metrovías (Grupo Roggio) -que también recibió el subte poreño- y TBA a los Cirigliano. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) fue vendida a Telecom France, Telefónica de España y Pérez Companc. Obras Sanitarias quedó en manos de un consorcio francés liderado por Suez Lyonnaise des Eaux. Todo este proceso se llevó a cabo gracias a la famosa Ley de Reforma del Estado de 1989, e implicó despidos masivos, concentración económica, aumento de tarifas, falta de inversiones, corrupción, subvaluación de activos y negocios opacos.
Durante el interregno kirchnerista, se dejó de lado la valorización financiera para implementar un modelo de producción y mercado interno y se revirtieron muchas de las privatizaciones menemistas, sobre todo, aquellas en las que los viejos dueños las habían vaciado y rematado sus bienes. Así se recuperó YPF, Aerolíneas y lo que luego fue Aysa.
Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada con la intención de volver a poner en manos privadas los activos argentinos, pero su propuesta de implementar proyectos de inversión público privada (los PPP), una forma de concesionar la obra pública, no tuvo aceptación por el sector privado y quedó todo en la nada.
Ahora, Javier Milei quiso iniciar una nueva ola privatizadora, pero se topó con el freno a la venta del Banco Nación, YPF, Aerolíneas, los medios públicos y el Correo, empresas que fueron excluidas de la primera versión de la ley Bases, a fuerza de militancia de sus trabajadores que lograron el apoyo del resto de la sociedad.
Recién a comienzos de este año pudo privatizar la una industria de tecnología IMPSA, cedida a pedido de Donald Trump al grupo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), financistas del Partido Republicano. Esta firma que supo ser de la familia Pescarmona había sido estatizada por Nación y Mendoza durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta única privatización que llevó a cabo hasta ahora, fue pequeña en términos de ingresos de dólares, pero fue estratégica a la hora de destruir el corazón productivo nacional.
Ahora, en pleno año electoral a pocos meses de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el grupo Burford, especializado en litigios internacionales por demandas millonarias, pero desconocedores del mundo energético o petrolero, lograron un fallo en la justicia estadounidense contra la nacionalización de YPF, que llevó la firma de la entonces presidenta Cristina Fernández y su ministro de Economía Axel Kicillof, para rapiñar el porcentaje accionario que está en manos del Estado argentino. A este intento forzado de reprivatización, le salió al cruce el gobernador Kicillof: “Lo que se está discutiendo hoy es un fallo que condena a la Argentina a pagarle a un fondo buitre que ni siquiera puede tener acciones. Milei evidenció que lo que quieren él y su fuerza política es privatizar todo, regalar y entrega”. Es que en este litigio no solo se juega la posibilidad de vender una empresa más, sino que Argentina se vuelve a jugar su soberanía energética.
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