En pleno Día de la Independencia, la militancia kirchnerista copó el Parque Lezama con un festival cargado de consignas políticas y reclamos por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta, que cumple arresto domiciliario desde mediados de junio, envió un mensaje de voz que se escuchó en silencio entre banderas y carteles que reclamaban su liberación.
“No recuerdo otro 9 de julio como este. Desde el año 1956, que lo recordaron a Perón y trajeron al FMI, nunca tuvimos este grado de dependencia”, arrancó su audio. A lo largo de su intervención, Fernández de Kirchner cargó con dureza contra la política de deuda y aseguró que la administración libertaria se sostiene gracias a los préstamos internacionales. “La pregunta obligada que tenemos que hacernos como argentinos es: ¿somos realmente libre e independientes?”, planteó ante la multitud.
La actividad fue organizada por La Cámpora bajo el lema “Argentina con Cristina”. Hubo espectáculos musicales, intervenciones artísticas y un discurso colectivo que buscó instalar la idea de que el país atraviesa una crisis estructural. La expresidenta insistió en que los compromisos financieros heredados dejarán condicionados a los próximos gobiernos. “Los peores vencimientos de deuda de capital e intereses con el FMI y los bonistas lo van a tener que afrontar los próximos dos gobiernos. Todavía no se le ha pagado ni un solo peso de capital al FMI”, aseguró.
Carga contra Milei y preocupación por la clase media
A lo largo de su mensaje, Fernández de Kirchner profundizó su diagnóstico sobre el modelo económico actual. “Desde el 2027, la Argentina tiene una muralla de deuda que tiene que pagar en dólares constantes y sonantes”, alertó. También vinculó la situación con las dificultades cotidianas que enfrentan miles de familias: “El 90% de la población argentina tiene deudas y el 12% de los hogares tiene más de 3 deudas a la vez. El 76% de esas deudas no tienen cómo pagarlas. Muchos ya están en mora. Y hay que saber una cosa importante, de cada 4 deudas, 3 se originaron en el 2024”.
En un tramo crítico hacia la gestión de Javier Milei, afirmó: “Creo que una parte del pueblo argentino está desorientado, no sabe si va a zafar de una para caer en otra peor. Y mientras tanto, espera y mira. Y en ese mientras tanto, el desgobierno de Milei sobrevive, le van prestando y prestando para mantenerlo con el agua al cuello pero sin ahogarse”. Según su mirada, el modelo oficial buscaría “desaparecer a la clase media argentina” y consolidar un país “para el 30% más rico”.
“Este es el modelo de Milei: deuda pública, deuda familiar y deuda privada”, insistió, al enumerar la presión financiera que atraviesan los hogares y las empresas. En el cierre, pidió a los suyos planificar más allá de la coyuntura: “Los peronistas tenemos que pensar más allá del corto plazo. Pensar qué Argentina queremos tener en el 2027, en el 2031 y en el 2035, y cómo llegamos ahí sin dejar a nadie atrás”. Y concluyó: “Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie”.
Debate judicial: pedido de cambio de domicilio y tobillera electrónica
La jornada coincidió con novedades en la causa Vialidad, en la que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos. El fiscal de Casación Mario Villar retiró el planteo para que Fernández de Kirchner sea trasladada a una cárcel común, pero propuso que la domiciliaria continúe en otra vivienda, por los disturbios que genera su residencia actual, ubicada en Constitución.
Según Villar, “la permanencia de la condenada en el domicilio indicado […] ha significado una alteración de la paz pública y los derechos de los vecinos y supone, a su vez, una exposición a riesgos para su persona”. Por eso solicitó que se disponga otro lugar de cumplimiento. En paralelo, la defensa de Cristina apeló el régimen de visitas y la colocación de la tobillera electrónica, al sostener que las restricciones son “excepcionales” y no corresponden en este contexto.
En su mensaje del 9 de julio, Fernández de Kirchner se refirió brevemente a la situación: “Los escucho todos los días cuando pasan por acá, en San José 1111, tocando bocina o gritándome con el amor de siempre. Son verdaderas caricias al corazón”.
El Tribunal tiene un plazo de veinte días corridos para definir si acepta cambiar el domicilio y revisar las condiciones de su detención. Mientras tanto, el clima político sigue atravesado por la deuda, las tensiones económicas y la disputa por el liderazgo en el peronismo.
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