La investigación judicial sobre un posible caso de contrabando en el aeropuerto Jorge Newbery sumó en las últimas horas elementos que complican la situación del oficialismo. El episodio tuvo como protagonista a Laura Belén Arrieta, exazafata y referente local de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que días atrás volvió al país en un vuelo privado procedente de Florida.
Según confirmaron fuentes judiciales y documentación difundida por el canal TN, el avión que trajo a Arrieta y otros pasajeros arribó con diez valijas que el personal de Aduana no inspeccionó. Las nuevas filmaciones de las cámaras de seguridad muestran que la mercadería fue retirada sin pasar por los escáneres, en contradicción con lo que había asegurado el Gobierno.
En marzo pasado, cuando el asunto trascendió por primera vez, la Casa Rosada buscó minimizar el impacto político y se desligó del operativo. “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, declaró entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sin embargo, los últimos informes de la Fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contradicen esa explicación.
De acuerdo con el expediente, los registros de la Administración Nacional de Aviación Civil muestran que la aeronave pertenece a Royal Class, compañía vinculada al empresario Leonardo Scatturice, quien mantiene la concesión de Fly Bondi y opera como nexo con la CPAC, organización cercana a Donald Trump. El itinerario oficial del vuelo indicaba que la partida había sido en Fort Lauderdale, pero en realidad despegó desde Opa-Locka y luego prosiguió viaje hacia París, un detalle que refuerza la hipótesis de maniobras irregulares.
El dictamen de los fiscales también apunta contra los tripulantes José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, señalados por su participación en el ingreso del equipaje sin controles. “El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”, advirtieron los investigadores.
Otro aspecto llamativo fue la actitud de Arrieta al descender. Las cámaras la captaron cuando entregaba un teléfono a una agente de Aduana, que respondió con un gesto aprobatorio. Este comportamiento, calificado como “inusual”, forma parte de los elementos que la Justicia analiza para determinar responsabilidades.
La polémica se potenció porque otros pasajeros del mismo vuelo sí fueron revisados, mientras que Arrieta y los dos tripulantes habrían sido conducidos por un circuito distinto para retirar las valijas sin pasar por el escáner. “Esa diferencia en el tratamiento resulta particularmente llamativa”, afirmaron fuentes judiciales.
Arrieta, de 32 años, participó activamente en la organización de la cumbre de la CPAC que se realizó en Buenos Aires en diciembre, donde Javier Milei figuró como principal orador ante dirigentes y empresarios de ultraderecha. Este vínculo político encendió las alarmas sobre eventuales privilegios concedidos durante el operativo.
Tras la difusión de las nuevas imágenes, el diputado de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, solicitó formalmente que el Ejecutivo brinde detalles de lo ocurrido y reclamó la conformación de una comisión investigadora en el Congreso.
El caso, que había quedado en la sombra durante semanas, volvió a cobrar fuerza con la divulgación de las fotografías tomadas en Aeroparque y las inconsistencias documentales. A medida que avanza la causa, se multiplican las incógnitas sobre el verdadero contenido de las valijas y los motivos por los que se autorizó su retiro sin control aduanero.
Imágenes publicadas en TN



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